l secretario general de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Ricardo Paniagua Rodas, anunció ayer en un boletín interno que esa institución no entregará al titular de la Defensa Nacional-, general Salvador Cienfuegos Zaragoza, el doctorado honoris causa que el Consejo Universitario había decidido otorgarle. Cabe recordar que el anuncio de esa distinción al jerarca militar provocó un acentuado malestar en la comunidad de la Unicach y fue severamente criticado por organizaciones civiles de derechos humanos.
Entre otras señales de protesta, la académica Mercedes Olivera y el fundador y primer rector de la Unicach, Andrés Fábregas Puig, renunciaron a los doctorados honoris causa que habían recibido de la institución años atrás. Los inconformes adujeron que el perfil de Cienfuegos Zaragoza no ameritaba la distinción académica y echaron en cara el largo historial de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en Chiapas y otras entidades, tanto en tareas de contrainsurgencia como en el combate a la delincuencia organizada.
El episodio es lamentable por donde quiera que se le vea. En primer lugar, resulta sorprendente –por decir lo menos– la falta de criterio de los integrantes del Consejo Universitario que propusieron y aprobaron el reconocimiento sin tener en mente los riesgos que la decisión implicaba, tanto para el prestigio de la universidad misma como para el propio secretario de la Defensa, quien fue expuesto en forma innecesaria a un alud de críticas y descalificaciones.
Por otra parte, el fallido otorgamiento del doctorado permite asomarse a la gravísima fractura que se ha generado entre las fuerzas armadas y diversos sectores de la sociedad debido a la determinación de los gobernantes civiles de asignar a los uniformados tareas cuestionables, como la estrategia contrainsurgente aplicada en Chiapas desde el sexenio de Ernesto Zedillo, que llevó a la formación de grupos paramilitares armados y entrenados por efectivos castrenses y a tragedias como la masacre de Acteal y un sinnúmero de atropellos a las garantías y libertades de la población tras el alzamiento zapatista de 1994.
Posteriormente, desde las postrimerías del gobierno de Vicente Fox, y en forma más sostenida e irresponsable durante el de Felipe Calderón, el Ejército y la Marina fueron empleados como principal instrumento de una política de seguridad pública a todas luces equivocada, fallida y costosísima en pérdidas de vidas, desapariciones, desplazamiento de núcleos de población y destrucción del tejido social. Esa política, que en términos generales no ha variado durante el sexenio que está por terminar, erosionó severamente la imagen de las instituciones armadas entre los civiles y, particularmente, en los ámbitos universitarios.
En este contexto era plenamente predecible que el otorgar la distinción académica referida al secretario de la Defensa generaría protestas, reviviría acusaciones nunca resueltas y produciría cuestionamientos a granel, tanto a la entidad otorgante como al homenajeado. En suma, flaco favor le hizo el Consejo Universitario de la Unicach al general Cienfuegos Zaragoza.
Si algo puede rescatarse de este capítulo deplorable es la necesidad urgente de reformular de manera radical la estrategia de seguridad pública oficial, no sólo porque con su aplicación empecinada el país se ha visto arrastrado a un baño de sangre que dura ya más de 11 años, sino también porque es necesario empezar a revertir el daño que se ha infligido a las instituciones militares por el afán de emplearlas en funciones de policía. Está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de iniciar esta reformulación impostergable, toda vez que le corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la peligrosa y cuestionada Ley de Seguridad Interior, la cual busca perpetuar los extravíos actuales y pasados del poder público en materia de combate a la delincuencia y regularizar la persistente distorsión de las encomiendas que la Carta Magna asigna a las fuerzas armadas.
