La maternidad subrogada significa que una mujer presta, renta o comercializa su útero para que alguien más pueda tener un bebé; su práctica supone retos para la medicina y el derecho, pero ello no puede servir como justificación para no regularla. En el tema debe existir una normatividad marcada por la idea de autonomía y justicia y deben evitarse abusos, coincidieron especialistas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina (FM de la UNAM), refirió que se trata de un tema importante, polémico y con varios puntos de vista: el estrictamente médico y científico, el social, el ético y el jurídico. Además, en algunos casos quienes buscan la subrogación son parejas del mismo sexo y eso complica aún más la situación.

Alicia Hamui Sutton, secretaria de Educación Médica de la FM, expuso que es mejor la regulación que la prohibición o la libertad absoluta del mercado. No se debe negar una práctica que puede traer beneficios a ciertas personas, pero es preciso prevenir el abuso o la explotación.

Hamui opinó que en esa práctica se deben evitar abusos de cualquier tipo, y que en las relaciones que se establezcan entre los involucrados se debe vigilar la preservación de la dignidad humana en todos los sentidos: de la mujer que presta su vientre, del hijo que está por nacer y de las personas que habrán de criar al menor.

La académica señaló que el verdadero problema reside en asegurar que así ocurra. La ley debe garantizar el bienestar de las partes; las libertades de género, creencia, religión y todas las que se consagran en la Constitución se deben hacer valer. Además, los procedimientos deben realizarse en condiciones sanitarias óptimas.

Dentro de las tecnologías de reproducción asistida, recordó, hay un mercado de material genético que incluye bancos de esperma y de óvulos, prácticas de eugenesia (aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana) y la maternidad subrogada.

Los más liberales dicen que hay que dejar el asunto a las fuerzas del mercado, y para la postura prohibicionista esa práctica se convierte en delito, pero la posición podría ser la de regulación, insistió.