El hecho de que un tribunal colegiado le ordenara a la Procuraduría General de la República (PGR) rehacer su indagatoria sobre la desaparición forzada de Francisco Herrera Rivera, ocurrida en Tamaulipas en 2015, y señalara que sus investigaciones no cumplen con los estándares mínimos en la materia, es un logro importante y puede servir como precedente para demostrar, en otros episodios similares, que las autoridades no realizan investigaciones de campo, sino únicamente a través de oficios.

Activistas especializadas en el tema indicaron que los funcionarios que cometan omisiones, obstaculicen el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia deben ser destituidos de sus cargos.

Nadin Reyes, coordinadora del comité de familiares de deteni- dos desaparecidos Hasta Encontrarlos, consideró que el fallo del cuarto tribunal colegiado, en respaldo a una sentencia previa de un juez de distrito –quien resolvió un amparo de la organización de derechos humanos Idheas– confirma que el trabajo de la PGR en este terreno deja mucho que desear.

El fallo sienta precedentes de lo que ya hemos denunciado: la PGR sólo hace informes, pero no labores propias de búsqueda y de investigación. En la mayoría de los casos no hay avances porque se limitan a enviar oficios, o a esperar que los familiares de las víctimas les demos más elementos para resolver los crímenes, indicó la activista.

De igual forma, señaló que los funcionarios públicos a quienes se compruebe obstaculicen las indagatorias de los casos de desaparición deben ser destituidos, pero las normas aún son demasiado ambiguas y por eso los funcionarios responsables nunca son sancionados.

Blanca Hernández, coordinadora de la Fundación Diego Lucero, calificó como excelente que se ponga en evidencia las fallas de la PGR en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la sanción a los responsables de los delitos. Expresó también sus dudas de que el aparato judicial del país realmente castigue a funcionarios públicos involucrados en omisiones que llevan a no investigar debidamente los casos de desaparición forzada que han ocurrido en el país desde hace décadas.