La turbiedad en el manejo de los recursos públicos en torno a las Asociaciones Público Privadas (APP) y la intervención de estos proyectos en áreas prioritarias de atención a la sociedad –educación, salud y asistencia social– son identificadas como riesgosas para el equilibrio presupuestario del gobierno federal.

Por ello la Comisión Permanente del Congreso de la Unión analiza una iniciativa de reforma que acote la duración de los proyectos a no más de 20 años y que la erogación máxima para esas obras de infraestructura no supere el uno por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Con esto se apunta a transparentar los procesos de licitación y contratación, reforzar los controles existentes en la normativa sobre este tipo de proyectos, así como fortalecer la posición del Estado y del sector público durante las diferentes fases de ejecución de las inversiones para velar por un uso adecuado y razonable de los recursos públicos, además de garantizar la sostenibilidad y el equilibrio presupuestario a largo plazo. La iniciativa pretende evitar que, como consecuencia de la inadecuada regulación de estos proyectos, se ejecuten recursos públicos de manera innecesaria, ineficiente o insostenible.

El 16 de mayo de 2012, a iniciativa del Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión promulgó la Ley de Asociaciones Público Privadas por la cual se comprometen grandes desembolsos de recursos a lo largo de prolongados periodos. Es habitual que estos programas impliquen la construcción y la operación de inversiones estratégicas en infraestructura o la prestación de servicios públicos esenciales, advierte la propuesta elaborada por la diputada Araceli Damián (Morena).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que este modelo de inversión es eficiente y asegura beneficios compartidos entre el sector público y el privado; no obstante, en México han sido revelados varios casos en los cuales las APP han generado problemas, debido, entre otras cosas, a opacidades, ineficiencias y derroche del presupuesto.

Así, lo adecuado y urgente en México es que en la primera fase de adjudicación y contratación se garantice la libre y efectiva competencia entre aspirantes a ser adjudicatarios del proyecto. Se plantea impulsar que la competencia se desarrolle sin interferencias y eliminar cualquier oportunidad de arbitrariedad o nepotismo en la adjudicación de los contratos.

Asimismo, “que se justifique, comparativamente, que el proyecto seleccionado es más viable y ofrece mejores condiciones para la sociedad que los rechazados.

Toda vez que el proyecto ha sido adjudicado a la mejor de las propuestas, inicia la fase de ejecución. Evidentemente, en los formatos de funcionamiento de las APP existe una amplia tipología; desde la construcción de obra pública hasta la gestión y prestación de servicios. En todo caso, cualquiera que fuera el esquema de APP a desarrollar, es necesario garantizar que durante la fase de implementación los proyectos se adhieren sin excepción a las condiciones contractuales y a lo establecido en la ley. Una de las deficiencias identificadas en la práctica precisamente estriba en que, de manera sistemática, los contratos de APP son incumplidos; se incurre en sobrecostos, extensión de los plazos, entrega irregular de los productos contratados y en otras modificaciones con capacidad de afectar el correcto desarrollo de los proyectos.

La propuesta de reforma legislativa está basada en disfuncionalidades que han sido halladas en la experiencia reciente de las APP. Como se ha señalado, ha sido recurrente que la duración y el costo de los contratos se incrementen después de la firma de la APP, renegociándose las condiciones originarias del acuerdo, situación que a menudo desemboca en condiciones más desfavorables para el Estado y los ciudadanos, refiere el texto.