Las historias parecen seguir el mismo guion: civiles sometidos, ejecutados de manera extrajudicial, personas detenidas de forma arbitraria y posteriormente desaparecidas sin que hasta ahora se sepa de ellas, mujeres torturadas y agredidas sexualmente con el objetivo de que se declaren culpables de delitos que no cometieron. Relatos en los cuales los verdugos son integrantes de las fuerzas armadas y la mayoría se encuentra en la impunidad.

Minutos después de las 7 de la mañana del 24 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera seguía su rutina diaria y conducía su camioneta rumbo a su centro de trabajo, en Tampico, Tamaulipas, hasta que en la esquina de las calles Río Pánuco y Río Mante fue interceptado por varios vehículos de los que descendieron sujetos armados que no se identificaron.

Tras una larga indagatoria de sus familiares se supo que eran militares. Sus hermanos y su madre se presentaron ante el 15 Batallón de Infantería con sede en esa ciudad, donde no les dieron respuestas. Interpusieron las denuncias correspondientes y pese a que cámaras del C4 grabaron los hechos, hasta ahora siguen sin acceder a la justicia.

De acuerdo con la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que acompaña el caso, algunos de los videos captados por las cámaras fueron desaparecidos por el Ejército. La investigación llevada a cabo por los familiares de la víctima, al rastrear vía GPS su celular, determinó que estaría en el 15 batallón o en un predio contiguo; sin embargo, no hubo respuesta de los militares.

A la fecha, el ingeniero continúa desaparecido e Idheas presentó, el 15 de septiembre de este año, una solicitud ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas una acción urgente para que se exija al Estado mexicano que realice todas las acciones de búsqueda necesarias para determinar el paradero de Herrera, que garantice la efectiva conservación, resguardo y análisis, de acuerdo con los más altos estándares técnicos, de todos los elementos de prueba que obran en la indagatoria y que se adopten medidas de protección para sus familiares.

Buscamos la droga

El 27 de agosto de 2011 Korina Utrera y Denise Bravo fueron torturadas por marinos, quienes irrumpieron en la casa de la primera, en Tabasco. Las golpearon al tiempo que les dijeron: No te hagas pendeja, buscamos la droga.

Después les vendaron los ojos y se las llevaron sin orden de aprehensión a la base de la Marina. Ahí las violaron y las sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas.

Fueron obligadas a firmar una confesión que señalaba que pertenecían a bandas del narcotráfico. La Procuraduría General de la República abrió una investigación sobre la tortura y cuatro años después médicos forenses las examinaron. Luego de un año, no sabían los resultados. Éste es uno de los varios casos documentados en un informe presentado el año pasado por Amnistía Internacional. Cuando se dio a conocer el reporte las dos mujeres seguían presas y ningún marino había sido sentenciado por los abusos.

En diciembre de 2008, en Torreón, Coahuila, miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército desaparecieron al hermano de Grace Fernández, quien ahora es parte del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México.

En entrevista, señala que desde entonces no han accedido a la justicia, no hay información certera y las indagatorias no avanzan. Un mando militar se comprometió con Grace y su madre a indagar el caso, pero uno de los argumentos para no sancionar a los efectivos fue que probablemente no estaban en horas de servicio.

Tras un largo viacrucis y después de tramitar decenas de oficios, Grace logró obtener una copia de la carpeta de investigación iniciada en la Procuraduría Militar. Sin embargo, las indagatorias se cerraron. No hay avances, no hay información, no hay justicia. Su hermano siguen en calidad de desaparecido y ninguno de los responsables está en prisión.

En un testimonio que le dio al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Claudia, originaria de Veracruz, narró que en agosto de 2012 fue detenida, junto con su esposo Isaías Flores Pineda, por elementos de la Secretaría de Marina. Durante 36 horas ella fue víctima de tortura, firmó una confesión cuyo contenido desconocía. Está en libertad bajo caución. Desde entonces ha buscado justicia.