Senadores de PT-Morena, PRD y parte del PAN preparan los argumentos para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior antes del 22 de enero, cuando vence el plazo legal para ello.

El coordinador perredista, Luis Sánchez, comentó que esperan reunir más de las 43 firmas requeridas, ya que cuentan con los 34 legisladores que votaron en contra y otros que no estuvieron presentes en la sesión maratónica que concluyó después de las seis de la madrugada del pasado 15 de diciembre y que han expresado también disposición a avalar el recurso judicial, con el propósito de que se declare inconstitucional esa normativa.

Resaltó que la legislación se va a judicializar, ya que los diputados preparan también una acción de inconstitucionalidad y los gobernadores y organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pueden también controvertir esa normativa.

Por separado, Dolores Padierna, senadora del PT-Morena, comentó que es una ley inconstitucional, que militariza al país, por lo que la Corte está en la obligación de echarla abajo, toda vez que vulnera por lo menos ocho artículos de la Carta Magna. De entrada, expuso, se viola el artículo 73 constitucional, ya que el Congreso no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior.

Explicó que el Congreso puede aprobar leyes sobre seguridad nacional y aunque quienes impulsaron la reforma sostienen que la seguridad interior forma parte de ésta, en ninguna parte de la Constitución se establece ello.

Se viola también el artículo 129 constitucional, en el cual se indica claramente que, en tiempos de paz, el lugar de las fuerzas armadas son los cuarteles, y el 21, que define que son autoridades civiles las que estarán a cargo de la seguridad pública, detalló Padierna.

En entrevista aparte, el senador Luis Sánchez precisó que se vulnera el artículo primero constitucional, al poner en riesgo los derechos humanos de civiles por la realización de operativos militares a cargo del Ejército, así como el artículo 14 al obligar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) a proporcionar a las fuerzas armadas información confidencial de particulares.

Agregó que dicha ley obstaculiza el derecho a la información y la transparencia, al reservar datos sobre los operativos realizados por militares contra la delincuencia organizada.

Explicó que la próxima semana buscará reunirse con los legisladores de PT-Morena, los panistas y los independientes para discutir los argumentos y consensuar un solo documento, que esperamos presentar a más tardar el próximo 20 de enero. Se trata, dijo, de la prioridad número uno que deben atender en los primeros días de 2018.