El número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a violaciones a las garantías fundamentales cometidas por miembros de las fuerzas armadas se ha incrementado considerablemente a partir de que comenzó la llamada guerra contra el crimen organizado.

En más de una década de la estrategia que se basa en la participación de militares y marinos en labores de seguridad pública en diversos puntos del país, la cifra de recomendaciones alcanza 166: contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han sido 126 y 40 contra la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). Esto de 2007 al 30 de noviembre de 2017.

Las violaciones a las garantías fundamentales en las que han incurrido soldados y marinos y que han sido acreditadas en todas estas recomendaciones por la CNDH son desaparición forzada, ejecución extrajudicial (vulneración del derecho a la vida), detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, contra la integridad y la seguridad personal, contra la libertad, agresiones sexuales y no presentar de inmediato a los detenidos ante el Ministerio Público, entre otras.

Datos del organismo presidido por Luis Raúl González Pérez indican que en 2006, antes de la instrumentación de la actual estrategia de seguridad (que fue decretada por Felipe Calderón Hinojosa, ex titular del Ejecutivo federal, en diciembre de 2006, y continúa durante la administración de Enrique Peña Nieto), la Sedena no recibió ninguna recomendación, mientras la Semar tuvo apenas una.

A partir de entonces el número de señalamientos de la CNDH contra ambas dependencias fue en ascenso. En el caso del Ejército en 2007 recibió seis recomendaciones, 14 en 2008, 30 en 2009, 22 en 2010, 25 en 2011, 15 un año más tarde, tres para 2013, una en 2014, dos en 2015 (aunque una de ellas fue por graves violaciones a los derechos humanos), cinco en 2016 y tres en 2017, hasta el 30 de noviembre.

En lo que toca a los elementos de la Marina, su actuación ha generado 40 recomendaciones del organismo nacional: una en 2007, dos en 2008, una en 2009, seis en 2010, seis más en 2011, el mismo número un año más tarde, siete en 2013, una en 2014, también una en 2015, siete el año pasado y dos hasta el 30 de noviembre de 2017.

Quejas, al alza

El número de quejas presentadas ante la CNDH por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de civiles también es alta. De 2007 a 2017 hubo 10 mil 764 denuncias contra militares y 2 mil 790 contra marinos. Muchos de esos expedientes siguen en proceso de análisis e investigación por parte de la comisión.

Esas cifras fueron uno de los argumentos principales para que desde distintos sectores se diera una férrea oposición a la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso y promulgada por Peña Nieto el 21 de diciembre.

Decenas de voces se alzaron contra esta normativa al considerar que la actual estrategia implica un riesgo para que sigan ocurriendo violaciones a las garantías fundamentales. Incluso la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron la atención y manifestaron preocupación de que con la entrada en vigor de esta ley militares y marinos sigan en la línea de delitos contra la ciudadanía, los cuales se expresan entre otros en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura.

El ombudsman Luis Raúl González Pérez informó hace unos días que el organismo a su cargo promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley, ya que, consideró, su promulgación fue apresurada y constituye una solución parcial que dará resultados parciales.

Datos difundidos por diversas organizaciones que participan en el colectivo #SeguridadSinGuerrera asientan que entre 2006 y 2014 sólo había seis militares sentenciados por actos de tortura y 26 más estaban bajo proceso penal en casos seguidos por la Procuraduría General de la República.

Agregan que en esos años hay 4 mil 483 denuncias ante la CNDH contra efectivos de la Sedena y mil 32 contra los de la Semar tan sólo por tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes. Además, que en las recomendaciones por esos delitos, en 118 se identifica a militares y en 78 a marinos.