En el pleno del Senado quedó de primera lectura la reforma al artículo 102 constitucional, que elimina el pase automático del titular de la PGR a fiscal general.

Asimismo, se aprobaron 28 dictámenes, se autorizó licencia por tiempo indefinido al perredista Fernando Mayans, quien buscará ser candidato a la gubernatura de Tabasco, y rindieron protesta tres consejeros consultivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El pleno aprobó reformas a la Ley General de Disciplina Financiera para fortalecer las finanzas públicas estatales y municipales, y generar mejores condiciones al momento de contratar nuevos empréstitos, para que sean transparentes y competitivos.

Asimismo, subrayó el presidente de la Comisión de Hacienda, se generan condiciones para que en los ingresos excedentes se establezcan usos diferenciados, según la entidad y su comportamiento y desempeño en materia de deuda.

El panista Jorge Luis Lavalle refirió en el pleno que se hace una diferenciación de los estados bien portados, es decir, que las entidades que tienen un nivel de endeudameinto elevado, por lo menos 50 por ciento de sus excedentes deberán destinarse al pago de sus deudas.

Sin embargo, en el caso de los que sus pasivos están en nivel de observación, tendrán que destinar 30 por ciento, y aquellos con endeudamiento saludable podrán usar 5 por ciento de sus excedentes para gasto corriente.

Además, el pleno aprobó delimitar las funciones investigadora, sustanciadora y resolutoria de los procedimientos administrativos sancionadores en la estructura del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, en lo relativo a la regulación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo anterior fue resultado de una iniciativa que presentó el senador Luis Humberto Fernández (PT), quien señaló que aún hay varios pendientes en dicho sistema.

De igual forma, el pleno aprobó un dictamen que reforma el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los artículos 131 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de incluir como faltas administrativas graves el hostigamiento y acoso laboral y sexual, cuya propuesta fue presentada por el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales.