Un tribunal unitario en materia penal de la Ciudad de México rechazó el amparo que solicitó el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa y ratificó que es constitucional el auto de vinculación a proceso que se le dictó por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita de, por lo menos, mil 670 millones de pesos.

El quinto tribunal unitario en materia penal de primer circuito, que preside el magistrado Ricardo Paredes Calderón, le negó la protección de la justicia federal y determinó que es constitucional y apegado al Código Nacional de Procedimientos Penales el auto de vinculación a proceso que le fue dictado.

De acuerdo con el expediente, los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público revelan, hasta el momento, que existió una organización criminal dedicada a desviar recursos públicos del gobierno de Veracruz, mismos que fueron dispersados mediante diversas acciones con la finalidad de ocultar su origen ilícito.

En el juicio de amparo 46/2017, la resolución precisa que se desestimaron las razones por las cuales Duarte de Ochoa señalaba que sus derechos habían sido violados en la audiencia en la que se le vinculó a proceso.

El magistrado Paredes Calderón determinó que existen elementos suficientes para continuar con la investigación que se realiza por los delitos señalados.

De acuerdo con las reglas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, precisa el magistrado, el que se le haya vinculado a proceso y negado el amparo no prejuzga sobre la culpabilidad, pues precisamente en el desarrollo de la investigación podrá ofrecer pruebas para desvirtuar los señalamientos que existen en su contra.

El pasado 22 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó 82 elementos de prueba contra Duarte, incluido el daño al erario, por lo que el juez federal Gerardo Moreno García determinó vincularlo a proceso penal.

El ex mandatario, además, enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coacción, los cuales están suspendidos por la vía de un amparo.