Los partidos Morena y de la Revolución Democrática (PRD) condenaron la actuación tardía del gobierno federal contra el robo de gasolina. Aseguraron que el crecimiento de este ilícito es por omisión de las autoridades y demandaron que se investiguen presuntos vínculos entre políticos y los llamados huachicoleros.

Dolores Padierna, coordinadora de la bancada del PRD en el Senado, preguntó: ¿existe algún vínculo entre el robo de combustibles y el financiamiento ilegal a campañas políticas, como podría ser la del propio ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle?

“Esta duda está presente en el análisis de lo ocurrido en la comunidad de Palmarito –el ataque de ladrones de gasolina a militares, con saldo de al menos 10 muertos, seis de ellos civiles y cuatro soldados– y debe ser investigado e informado por las autoridades de Puebla y las federales”, aseveró.

La senadora cuestionó que el gobierno no asumiera medidas a tiempo para combatir ese tipo de ilícitos, cuando tan sólo “en la zona poblana conocida como el triángulo rojo (municipios de Santiago Tenango, Tochtepec y Amozoc) se localizaron 762 tomas clandestinas entre 2015 y 2016.

Resaltó que desde 2016 se reportó una disminución de 624 kilómetros diarios en la vigilancia de ductos e instalaciones petroleras en el país, y que en ese año la Procuraduría General dela República abrió 2 mil 690 carpetas de investigación sobre el robo de combustible, de las cuales mil 322 corresponden a Guanajuato, 367 a Puebla, 235 a Veracruz, 198 a Hidalgo, 139 a Tamaulipas y 138 a Querétaro, y se desconoce el resultado de las indagatorias.

Para el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados la proliferación de bandas dedicadas a la extracción de gasolina en distintas regiones del país obedece a la omisión del gobierno federal, pues conociendo la magnitud de la problemática no actuó a tiempo para impedir su crecimiento.

Los diputados Emiliano Álvarez y Guillermo Santiago señalaron que los delincuentes dedicados a la ordeña de gasolina son una manifestación de la problemática que genera la pobreza en distintos ámbitos del país, de ahí que pueblos enteros cobijen las actividades ilícitas de grupos de delincuentes relacionados con el tráfico de drogas y la trata de blancas.

Reiteraron que el robop a ductos tiene vigencia de por lo menos 40 años en el país, y en su momento las autoridades federales han conocido de él, pero no han actuado porque su existencia se enmarca en la cultura de la complicidad entre funcionarios y delincuentes.

Para el legislador Álvarez, el anuncio presidencial en torno a las acciones militares y policiacas contra los grupos de delincuentes que extraen gasolina es coyuntural. Es una ocurrencia nueva del Ejecutivo, porque el Ejercito Mexicano salió lastimado de la emboscada.

A su vez, Guillermo Santiago pronosticó que la orden a las fuerzas armadas y a las policías no tiene futuro, porque la extracción ilegal de gasolinas es una práctica generalizada a lo largo del país. No existen condiciones materiales ni personales para enfrentar una trama de corrupción como esa, pues intervienen desde autoridades de alto nivel y dirigentes petroleros hasta presidentes municipales.