El número de personas no localizadas, cuya desaparición ocurrió en situaciones en las que se presume la comisión de delitos graves, pasó de mil 30 (casos acumulados hasta febrero pasado) a mil 79 en marzo.

Es decir, en sólo 30 días se agregaron a esta lista 49 casos de investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).

En esta lista del fuero federal el mayor número de historias de desaparición se ubica en Guerrero (272 expedientes, incluidos los de 43 normalistas de Ayotzinapa, levantados por policías municipales en septiembre de 2014); le sigue Veracruz, con 201, y Tamaulipas, con 132. Las tres entidades registraron, a su vez, alzas respecto de la suma al primer bimestre del año en curso.

La mayor parte de las víctimas (901 de mil 79) son hombres. En gran medida se trata de personas de nacionalidad mexicana, aunque hay 140 extranjeros y 19 de los que se desconoce su origen. Persiste asimismo la tendencia a la desaparición de personas jóvenes.

El grueso de los expedientes en poder de la PGR se relaciona con la falta de datos del paradero de personas entre 15 y 39 años.

La estadística, hasta ahora difundida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, se encuentra dividida en dos bloques: el fuero federal (mil 79 personas no localizadas) y el fuero común, con casi 30 mil pendientes. Los datos de este segundo grupo se actualizarán en los próximos días; el reporte más reciente tiene corte al 31 de enero pasado.

Ley respectiva, a paso lento

Mientras que el banco de datos de ambas jurisdicciones sigue al alza, la iniciativa de ley sobre desaparición de personas sería aprobada, en el mejor de los casos, hasta septiembre próximo, en el inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. El dictamen ya fue aprobado en el Senado, pero falta el visto bueno de la Cámara de Diputados.

En este nuevo marco legal tienen un papel fundamental dos instancias: Gobernación, como responsable de la comisión nacional de búsqueda, y la PGR, por ser la fiscalía especializada en la materia.

La ley que analizarán los diputados ordena a los agentes la consulta exhaustiva de la persona desaparecida en banco de datos de hospitales, clínicas, centros de atención siquiátrica, centros de salud, centros contra las adicciones, lugares de detención y reclusorios, y servicios forenses, entre otros sitios.