La falta de acatamiento del gobierno de México a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una prueba más de que las autoridades no tienen la capacidad de resolver la crisis de derechos humanos en el país, pero tampoco la voluntad política, porque ello afectaría una red de complicidades de alto nivel, señalaron organizaciones civiles.

Stephanie Erin Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que el informe de la CIDH donde se documentan los avances insuficientes de México en el cumplimiento de sus recomendaciones vuelve a poner de manifiesto que muchos problemas siguen siendo desatendidos por las autoridades.

Algunos de estos temas, ejemplificó, son la necesidad de diseñar un plan de retiro paulatino de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, la profesionalización y reforma de los cuerpos policiacos o la garantía de aplicar correctamente el nuevo sistema de justicia penal.

Desafortunadamente estamos ante un momento no sólo de incumplimiento de muchas de las recomendaciones, sino de la amenaza de retrocesos, de implementar políticas o reformas legislativas que, lejos de cumplir con las observaciones del informe de la CIDH, nos llevarían más lejos en las violaciones de derechos humanos, alertó la especialista.

La razón de este incumplimiento es la incapacidad de las autoridades mexicanas para hacer frente a algunos problemas, pero sobre todo se debe a la falta de voluntad política, añadió.

Raúl Ramírez Baena, director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, afirmó que aceptar las recomendaciones de diversos organismos nacionales e internacionales, pero no cumplirlas, es parte de una cultura de la simulación que el gobierno del país ha aplicado desde hace mucho tiempo.

Tal parece que no hay voluntad política del Estado mexicano para cumplir no sólo con las recomendaciones, sino también para corregir lo que ha fracasado en el país, como la militarización de la seguridad pública, subrayó el activista.

Esta actitud de desacato se debe en parte a la incapacidad de las autoridades, pero también son las redes de corrupción e impunidad que existen, porque si le tiras a fondo en el caso Ayotzinapa, por ejemplo, vas a encontrarte con redes de complicidad de alto nivel que al gobierno mexicano no le conviene que se descubran. Eso es lo que está de fondo, sobre todo en casos paradigmáticos.