La creciente industria ilegal dedicada al robo de hidrocarburos en distintas zonas del país –fundamentalmente en Puebla, Veracruz y Tabasco–, que causa daños al erario hasta por 40 mil millones de pesos al año, será atacada en el terreno penal con castigos mas rigurosos a quienes incurran en ese delito.

Ayer el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la modificación de 11 artículos a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Producto de tres iniciativas de PRI, PES y PAN (presentadas por Juan Antonio Orihuela, Alejandro González y Eukid Castañón, respectivamente), la reforma fue respaldada con 321 votos a favor, 37 abstenciones y 18 en contra. Los legisladores establecieron sanciones que alcanzarán hasta 30 años de prisión:

Eukid Castañón, promotor de elevar el castigo a estos ilícitos, señaló: “Tengo que expresar que lamentablemente para el pueblo de México esto ya no es un asunto estrictamente de delincuencia organizada. Señores, hoy niños y niñas están involucrados como halcones para cuidar a aquellos que sustraen y lucran con los hidrocarburos”.

Así, a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de vehículos, ductos, equipos o instalaciones; a quien disponga de ellos sin derecho y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, la sanción impuesta será de 20 a 30 años de prisión y una multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización: entre un millon 509 mil pesos y un millón 887 mil.

Al que comercialice hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo se le impondrá una sanción, dependiendo de la cantidad de litros comercializados: de cuatro a 17 años de prisión y una multa de hasta 4 mil a 17 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente, con pago de multas desde 301 mil 960 pesos hasta un millón 283 mil.

También al que facilite, colabore o consienta que cualquier delito en materia de hidrocarburos se realice en su propiedad o no denuncie a las autoridades correspondientes, será objeto de responsabilidad penal y multas. El castigo será de 9 a 16 años de prisión, multa de 9 mil a 16 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente y habrá de pagar de 679 mil pesos a un millón 207 mil.

Al que obligue o intimide por cualquier tipo de violencia a quien preste servicios para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de cometer un delito en materia de hidrocarburos, la sanción será de 10 a 14 años de prisión, multa de 10 mil a 14 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización, que equivale a entre 754 mil pesos y un millón 860 mil.