l estigma de Felipe Calderón es la guerra contra el narcotráfico y sus masivas, imborrables e injustificables consecuencias en cientos de miles de individuos y familias concretas y en la sociedad entera. A pesar del profundo daño causado, Calderón, y su proyecto conyugal de continuidad política, pretenden pasar de largo y adjudicar la traza sangrienta y funeraria a un presunto heroísmo cívico que habría corrido el enorme riesgo de confrontar a un poder excedido, el del crimen organizado.

Volcado en el activismo partidista, en plena utilización de recursos humanos y materiales con cargo al Estado (sólo donó su pensión, pero sigue utilizando un aparato de apoyo que cuesta millones de pesos al mes), Calderón está jugando en Coahuila una carta electoral de carácter vehementemente personal: quiere hacer gobernador a su compadre, Guillermo Anaya Llamas (el 23 de septiembre de 2006, ya en ruta fangosa hacia Los Pinos, Calderón estuvo en Torreón, Coahuila, para bautizar a un hijo del citado Anaya, quien era presidente municipal; en otros momentos del sexenio felipista, Anaya fue abiertamente promovido por Calderón). En 2011, Anaya fue candidato panista a gobernador, pero fue oficialmente derrotado por el grupo de los Moreira, específicamente por Rubén, virtual sucesor de su hermano Humberto.

Una de las banderas de campaña del compadrismo panista en Coahuila se basa en los muy difundidos indicios de que en esa entidad se ha permitido la instalación de determinado grupo criminal que ha favorecido al PRI. Son inocultables en ese estado norteño la corrupción, el dispendio y la inseguridad pública, con pasajes regionales terribles en materia de asesinatos multitudinarios, desaparición de personas y descubrimientos posteriores de fosas con restos humanos: el poder desbordado de los cárteles asociados al poder político.

Pero Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer una copia certificada de la resolución de la agencia del Ministerio Público Federal, de la Procuraduría General de la República (PGR), que determinó el 22 de octubre de 2012 (ya en el tramo final de la administración calderonista) el no ejercicio de la acción penal, en definitiva, en la indagatoria abierta contra Humberto Moreira Valdés y dos personas más, respecto de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Respecto de esas pruebas de que extendió un perdón judicial al primer gobernador Moreira, Calderón ha respondido de manera tambaleante: Ni ordené ni autoricé exoneración de quien ha hecho tanto daño a Coahuila. El documento que se menciona carecería totalmente de validez. ¿Carecería? ¿El simple uso de un condicional verbal permite deshacer una prueba jurídica concreta? ¿Basta decir que no se ordenó ni se autorizó un acto jurídico tan delicado, tan trascendente? Doble moral, en realidad. Memoria convenientemente fallida. Estigma imborrable.

De un golpe, la Marina dejó sin cabezas visibles a dos de las principales organizaciones criminales, en sus expresiones locales, de una de las plazas más calientes del país, Reynosa. La reacción de los grupos del crimen organizado (el cártel del Golfo y Los Zetas, vieja escuela, en ese ámbito municipal tamaulipeco) fue devastadora: hubo cuando menos 32 bloqueos viales violentos; incendios de vehículos, tiendas y locales comerciales; tiroteos y, sobre todo, la afectación directa a centenares de miles de habitantes, que no pudieron llegar a sus trabajos o regresar de ellos a sus hogares, ni moverse, en general, con seguridad, y una extendida convicción de peligro inminente que durante tres días paralizó a esa ciudad fronteriza, incluso con una virtual declaración de toque de queda, mediante un semáforo rojo decretado por la autoridad municipal.

Así como en Tepic, Nayarit, pareció darse respuesta a las exigencias estadunidenses de actuar con fuerza contra los bad hombres (lo que llevó a la utilización nocturna de un helicóptero artillado, con aparatoso señalador luminoso, para disparar con metralla pesada contra presuntos narcotraficantes en un inmueble en una zona poblada), en Reynosa pareció cumplirse una sensacionalista instrucción específica de acción contra los jefes locales de los grupos criminales en pugna por el control de la plaza. Dos pesos pesados fueron exterminados: Julián Manuel Loisa, apodado El comandante Toro, y Francisco Carreón, llamado Pancho (éste, en un tramo carretero cercano a Ciudad Victoria), los máximos responsables, en esa zona, de las bandas del Golfo y de Los Zetas, respectivamente. A pesar de la intensidad de los enfrentamientos, la Marina reportó que no tuvo bajas ni heridos.

Aun cuando son frecuentes en Tamaulipas (pero no sólo en esa entidad) y en la franja fronteriza (pero no sólo en esa franja) este tipo de reacciones de los grupos criminales cuando son tocados por las fuerzas gubernamentales (más violentas y retadoras, esas reacciones, en proporción al nivel de los jefes e intereses perjudicados), resulta impactante el grado de desestabilización que provocan poderes ya tan establecidos como los del crimen organizado, con extraordinaria capacidad de fuego y una inmediata reposición de mandos, lo que vuelve estas batallas, tan lesivas para la población, en sucesos sin consecuencias estructurales de fondo.

Con un denso historial negativo como ex gobernador de Puebla, el ex priíista y ex gordillista, ahora panista, Rafael Moreno Valle, aprieta el paso en busca de emparejarse con quien hasta ahora ha parecido ser una especie de precandidata única, Margarita Zavala. Moreno Valle ha colocado anuncios espectaculares, con su fotografía como elemento predominante y utilizando como pretexto un libro olvidable, de su autoría, utilizado como treta obvia para hacerse publicidad no sancionable por el fofo INE. Además, está insistiendo el poblano en que una candidatura presidencial debe haberse construido desde triunfos de mayoría en elecciones directas y no desde cargos plurinominales (como los únicos que ha ocupado Zavala). ¡Hasta mañana!

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