El gobierno federal señaló ayer que analizará exhaustivamente el Informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en el que se tienen reportes oficiales de 855 tumbas, de 2007 a 2016, en las que fueron exhumados mil 548 cadáveres.

Consideró que hacer frente con eficacia y contundencia a la desaparición de personas es una condición esencial para la vigencia del estado de derecho y para el desarrollo en nuestro país. Por ello, el compromiso y los esfuerzos gubernamentales han sido permanentes y en diversos ámbitos, puntualizó en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República.

Luego de asegurar que toma debida nota de las propuestas contenidas en el documento, reconoció la importante labor de la CNDH, así como de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, en el proceso de fortalecimiento y mejora de los esfuerzos institucionales encaminados a la erradicación de esta problemática.

Corresponsabilidad de todos

Las dependencias gubernamentales destacaron su plena coincidencia en que la garantía efectiva de los derechos fundamentales y el combate de las condiciones y fenómenos que los vulneran son una prioridad de Estado que llama a la acción conjunta y corresponsable de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno.

Reiteraron que la aprobación de la iniciativa de ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas, propuesta por el Ejecutivo federal y en proceso de discusión en el Legislativo, permitirá dotar al Estado de un diseño institucional adecuado y de mejores capacidades en este ámbito.

Entre ellas se encuentra el sistema nacional de búsqueda de personas, el cual será la instancia superior para la articulación de esfuerzos de rastreo y localización de desaparecidos, así como de los procesos que conlleven a la homologación de protocolos y registros en esta materia.

La iniciativa prevé la creación de la comisión nacional de búsqueda y de los registros nacional de personas desaparecidas y el forense, entre otras herramientas.