El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el derecho de los reos, sin importar si están detenidos por delitos graves, como narcotráfico, a ampararse contra la orden de traslado a otro penal.

Ayer resolvió lo anterior al analizar un incidente de inejecución de sentencia promovido por Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, quien demandó el cese y consignación de las autoridades penitenciaras que lo cambiaron del penal de alta seguridad del Altiplano, en el estado de México, al de Occidente, en Jalisco, sin contar con orden judicial.

Treviño Morales, quien fue detenido el 15 de junio de 2013, logró que un juez dejara sin efecto la orden de traslado emitida por la Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad.

En su resolución, el juzgador advirtió al consejo técnico que, en caso de insistir en trasladar a Treviño a otro centro carcelario, tenía que acudir ante un juez federal para que lo autorizara.

El 30 de marzo de 2015, El Z-40 fue regresado al penal del Altiplano, con lo que se cumplió la sentencia de la Corte.

Sin embargo, el 30 de septiembre de ese año la autoridad carcelaria emitió una nueva orden de traslado para enviar a Treviño Morales al Centro Penal de Occidente número 11, en Hermosillo, Sonora. Y el quejoso argumentó que hubo dolo al repetir el acto reclamado.

La autoridad justificó que realizó el cambio sin orden judicial debido “al estado de alerta máxima que se decretó en el Centro Federal del Altiplano, derivado de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera” –ocurrida el 11 de julio de 2015–, que puso en riesgo la seguridad, el orden y la disciplina que debía operar en el penal.

El pleno de la SCJN consideró que las autoridades penitenciarias incurrieron en la repetición del acto reclamado, pero no puede atribuirse dolo a la autoridad, por las circunstancias de urgencia en el penal del Altiplano.