Guadalajara, Jal.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atraerá el caso de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, Michoacán, donde el miércoles ocurrió un enfrentamiento entre policías estatales y comuneros, con resultado de varias personas muertas y otras más heridas, señaló el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

Precisó que se iniciará una queja de oficio y que personal de la oficina foránea de la CNDH y de la segunda visitaduría general tomará conocimiento de los hechos y solicitará información a las autoridades involucradas.

González Pérez participó en esta ciudad, con los 32 presidentes de comisiones estatales de Derechos Humanos, en el 46 Congreso y asamblea general ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Ahí dialogó con el ombudsman de Michoacán, Víctor Manuel Serratos, tras lo cual se resolvió la intervención de la CNDH, dada la relevancia del caso.

En Ayotzinapa, Guerrero, el Comité de Padres de Familia de los 43 desaparecidos y el Comité Estudiantil de la Normal Rural condenaron la “cruenta y artera represión y los cobardes asesinatos, perpetrados por una policía y un Ejército, que no respeta los protocolos de derechos humanos en materia de uso de la fuerza. A ninguna fuerza de seguridad le está permitido utilizar armas letales en manifestaciones públicas.

Esta es una prueba de la verdadera vocación del Ejército, no se trata de campañas de desprestigio, sino de verdaderos crímenes que las fuerzas armadas cometen, como ahora con nuestros hermanos de Arantepacua, señalaron en un comunicado conjunto.

En la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional exigió la renuncia inmediata del gobernador Silvano Aureoles, tras el asesinato de indígenas como resultado de la represión contra quienes se oponen a los megaproyectos energéticos, y exigió castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de los comuneros.

En el estado de México, la sección 36 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación condenó la represión del gobierno de Aureoles contra los ejidatarios de Nahuatzen y demandó la liberación de los profesores Héctor Montaño, Simón Jiménez, Víctor Hugo Jiménez, Israel Montaño y Sócrates Cohenete, así como de los normalistas Marco Antonio Pascual, Adrián Soria, Juan González, Carlos Morales, Sacramento Jiménez y Óscar Hernández Neri.