Durante la aprobación de disposiciones que impidan la entrega de beneficios de programas sociales en actos masivos en estados donde hay elecciones, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo el objetivo es evitar que las autoridades de las entidades están llevando a cabo procesos electorales, así como de todas las autoridades del país, traten de coaccionar el ejercicio del sufragio y eviten el uso indebido de recursos públicos y manipular electoralmente los programas sociales.

En su mensaje, Córdova aseveró que es propicio hacer un llamado, en este momento, a todos los funcionarios públicos involucrados en el desarrollo de los programas sociales, de todas las fuerzas políticas gobernantes en el país, a escala federal y local, para que se conduzcan en el marco de la ley y eviten cometer conductas que vulneren la equidad en las elecciones.

Aunque la adecuación de un acuerdo previamente aprobado en enero por el INE para que se evite la entrega de beneficios sociales en actos masivos, propuesta por el PAN, con base en una tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) generó respaldo general, el PRI matizó su postura. Su representante, Alejandro Muñoz, dejó entrever en realidad su inconformidad, porque se fundamenta en una tesis aislada del tribunal aplicada a un caso concreto y que se refiere más bien a la difusión de los programas y no a la entrega masiva de sus beneficios.

En contraste, el representante de Morena, Jaime Castañeda, cuestionó la injerencia del gobierno federal en la entrega de beneficios sociales en el estado de México con fines clientelares, pues hay un uso desmedido de los programas sociales. En tanto que el perredista Royfid Torres refirió que hay estimaciones que ubican en más de 2 mil millones de pesos el costo de los productos regalados con fines electorales, en una gran cantidad de actos masivos.

Al justificar su propuesta, el panista Jorge López dijo que de lo que se trata es, impedir el uso electorero de los recursos públicos a partir de que no puedan ser entregados en actos masivos, porque no se está aludiendo sólo a un acto excepcional, sino a varios casos.

En su pronunciamiento, Córdova reconoció que el mayor pasivo de la democracia mexicana es la pobreza, por lo que al insistir en deslindar programas sociales y elecciones, Córdova aseveró que la construcción de la democracia implica una corresponsabilidad de los actores, de las autoridades electorales, funcionarios, partidos y ciudadanos.

Por su parte, el consejero Marco Antonio Baños explicó el acuerdo a partir de la premisa de que los programas sociales no pueden ser suspendidos por la realización de elecciones, pero enfatizó que sí se puede regular la forma de distribución de sus beneficios, por lo que el planteamiento es evitar que se realice en forma masiva.