Una vez más la violencia contra las mujeres fue abordada en el pleno de la Cámara de Diputados. Ayer, los legisladores apuntaron al Poder Judicial de la Federación por aceptar, en primera instancia, la absolución de Diego Cruz, responsable de atacar sexualmente –junto a tres cómplices– a una adolescente en Veracruz.

Las diputadas y diputados que intervinieron en la sesión ordinaria celebrada ayer en San Lázaro afirmaron que favorecer al abusador es una vergüenza que alcanza a todo el Poder Judicial, institución que además tiene una pésima imagen por el favoritismo con que actúa y por las estratosféricas cifras de dinero que se pagan a sus integrantes.

Candelaria Ochoa Ávalos (Movimiento Ciudadano) dijo que en Veracruz se actuó con dolo porque “se cometió un abuso sexual grupal contra una menor. Los culpables de ese delito proceden de familias adineradas, con poder, y sí tienen nombre, son: Enrique Capitaín Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso.

“El contenido del amparo refleja indignantemente la poca consideración, no sólo de los derechos de la menor implicada, sino de los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas del país, así como una nula comprensión de los instrumentos de impartición de justicia con perspectiva de género.

Ese amparo no sólo es un agravio directo contra la menor y su familia, sino contra el sistema judicial del país, contra las convenciones internacionales que México ha suscrito y contra las mujeres mexicanas, puesto que exhibe la medida en que el dinero y las influencias superan a la justicia.

Cuitláhuac García Jiménez (Morena) afirmó que en el caso del ataque sexual a una joven en Veracruz, que perpetraron otros jóvenes pudientes en enero de 2015, conocido como el caso de los Porkys de Costa de Oro, debieron prevalecer criterios actualizados y que están en la norma para impedir un nuevo acto de injusticia contra la víctima.

El juez decidió, en cambio, proteger a uno de los agresores. Dicho juzgador, Anuar González, antepuso criterios subjetivos para una tipificación del delito sin la perspectiva de género que establece la tesis jurisprudencial 22/2016, emitida por la primera sala (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y publicada en abril del año pasado.

Kathia María Bolio Pinelo (PAN) aseveró que “en la sociedad mexicana siguen vigentes muchos prejuicios y la discriminación contra las mujeres. Peor aún, carecemos de un sistema de justicia que responda a las necesidades de los ciudadanos. El caso de los Porkys es fruto de la impunidad y la prepotencia” imperantes.

La diputada Laura Nereida Plascencia (PRI) expuso un dato crudo, y es que “durante mi intervención habrán de ser violadas en México cinco mujeres o cinco niñas. El día de hoy, cuando cada uno de nosotros regrese a sus hogares, por la noche habrán de ser violadas más de mil 600 mujeres en el país a lo largo y ancho del territorio nacional.

De parte del grupo parlamentario del PRI queda de manifiesto nuestra inconformidad con la sentencia al juicio de amparo 159/2017, donde el juez tercero de distrito de Veracruz señala que el delito no quedó fehacientemente comprobado, por lo que le otorgó el recurso contra la formal prisión que se dictó el pasado 23 de enero por el mismo delito.