Más de 40 organizaciones de derechos humanos y colectivos civiles rechazaron en forma tajante la candidatura del embajador Joel Hernández García, propuesta por el gobierno mexicano, para ocupar un puesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el periodo 2018-2021.

Advirtieron que esa postulación –presentada sin consulta y sin transparentar los criterios de selección– evidencia una política encaminada a socavar la independencia e imparcialidad de los organismos internacionales de derechos humanos, al proponer a una persona cuya trayectoria diplomática y como representante del Estado mexicano afectaría la credibilidad y efectividad de dicho órgano.

El candidato mexicano no reúne los requisitos para desempeñar de forma plenamente independiente la trascendental función de velar por el respeto y la protección de los derechos humanos como comisionado, señala el posicionamiento de las organizaciones y colectivos, entregado a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Hernández García es director general para la Organización de Estados Americanos (OEA) en la estructura de la cancillería mexicana. Las organizaciones señalan que en su calidad de ex representante permanente de México ante ese organismo conoce algunos aspectos del funcionamiento de la CIDH, pero no reúne los requisitos indispensables para ser comisionado y velar por el respeto de los derechos humanos de manera imparcial y autónoma.

Entre las organizaciones firmantes están los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, de la Montaña Tlachinollan y Paso del Norte; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundar, I(dh)eas, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Red por los Derechos de la Infancia en México y la Red TDT entre muchas otras.

Por separado, el Sistema Universitario Jesuita expresó su preocupación ante el riesgo de que los organismos internacionales de derechos humanos, a escala regional y global, pierdan independencia ante las postulaciones presentadas por estados de nuestra región de algunos candidatos con posibles conflictos de intereses.

Hicieron un llamado a los estados de América Latina y el Caribe a fortalecer el trabajo de la CIDH, mediante la postulación y selección de candidatos con perfiles idóneos, capaces de ejercer los cargos de manera independiente.

El posicionamiento está firmado por los rectores de las instituciones de educación superior que integran la red jesuita, entre ellas la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Tijuana, Puebla, Torreón y León, así como de Estudios Superiores de Occidente y del Instituto Superior Intercultural Ayuuk.

La candidatura mexicana pretende ocupar uno de los dos asientos que quedarán vacantes en junio próximo en la CIDH, al concluir la gestión de los comisionados James Cavallaro y José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidades estadunidense y mexicana, respectivamente.