ace más de 20 años que el tema migratorio entró de lleno en la agenda electoral de Estados Unidos, como argumento fundamental para ganar votos del electorado conservador, muy especialmente blanco, tradicional y republicano. Se trataba de buscar a un chivo expiatorio de los males que aquejaban a la sociedad estadunidense y nada mejor que un migrante pobre, extranjero y además ilegal.

Llegamos a la culminación de este largo proceso, con la presidencia de Donald Trump.

En realidad lo que propone sobre migración no es nuevo, ya estaba todo dicho y en buena parte legislado. Lo novedoso es la voluntad política presidencial de llevarlo a cabo. Esto va más allá de las promesas de campaña, es un compromiso personal y una manera muy fácil de otorgarle, a su electorado, la carroña con que se alimenta.

Las propuestas de reformas económicas y comerciales duran su tiempo y requieren de trámites y largas y complejas negociaciones, los asuntos de seguridad nacional se tratan en privado, en lo oscurito y no llegan al gran público, por el contrario las deportaciones, las redadas, la persecución de pandilleros y supuestos o reales criminales es algo tremendamente mediático.

Y el gobierno de Trump requiere de efectos inmediatos, de asuntos que puedan extrapolarse y magnificarse para el gusto del gran público. La persecución de los migrantes ilegales es, por tanto, el programa más barato, mediático y efectivo para satisfacer las obsesiones del nuevo presidente de Estados Unidos. Ya lo dijo, el primer día de su mandato empezaría a poner en práctica su política.

Llegamos a la etapa final de este proceso, con un conjunto de propuestas, leyes y disposiciones antinmigrantes y con el fracaso reiterado de que ninguna propuesta de reforma migratoria integral o parcial, medianamente progresista, haya podido ser aprobada. Incluso las acciones ejecutivas del presidente Obama –DACA y DAPA– de alivio migratorio para los jóvenes migrantes que llegaron con sus padres, fueron impugnadas judicialmente y ya se dispuso su derogación.

Por el contrario muchas de las leyes y propuestas antinmigrantes han recibido apoyo del electorado, otras han sido validadas por algunas de las cámaras y algunas más han sido aprobadas a escala federal o estatal. No obstante, en algunos casos se ha logrado impugnar judicialmente estas leyes como anticonstitucionales (Proposition 187), o han sido retocadas o matizadas por la Corte Suprema (Ley Arizona, SB1070), otras están pendientes de resolución, como las acciones ejecutivas de Obama que se encuentran en situación de empate y debe dirimirlo el nuevo miembro de la Corte Suprema, que será propuesto por Trump.

No hay nada nuevo, todo está dicho y diseñado de manera muy precisa y concreta. A escala federal la ley IIRIRA, de 1996, ya fue un golpe muy duro para los migrantes, incluso para aquellos que cuentan con residencia legal. Esta ley, firmada por Bill Clinton, permite a los estados legislar y actuar en asuntos migratorios, lo que antes era considerado asunto de orden estrictamente federal. Por eso en 1994 la Proposición 187 fue impugnada como anticonstitucional. La ley de 1996 viene a solucionar legalmente el que los estados puedan legislar sobre migración.

Algunas disposiciones, sin embargo, no son obligatorias, como la 287G, llamada de comunidades seguras y que establece arreglos entre las policías locales y el ICE, que después de evaluar su nefasta aplicación fue desactivada.

Tampoco es obligatoria la disposición de verificación de identificaciones del SSN, llamada E-Verify, que sugiere a los empleadores comprobar electrónicamente la veracidad de los documentos que los trabajadores presentan. Se estima, según fuentes oficiales, que mil 400 nuevas empresas se incorporan al sistema cada semana.

En 2005 la Cámara de Representantes aprobó la ley HR4437 sobre control fronterizo, antiterrorismo y control de la migración ilegal, mejor conocida como Sensembrenner, quien la propuso. La ley más represiva y extremista que se haya planteado. Incluso propone que los hijos de migrantes ilegales deben quedar en custodia del Estado. Esta ley fue derogada en las calles, por las protestas multitudinarias de 2006.

A escala estatal se han presentado numerosas propuestas de ley, quizá la más famosa sea la de Arizona SB1070, y sus réplicas, por su contenido explícitamente racista, al permitir que los agentes pudieran considerar a su criterio la pertinencia de solicitar documentos a una persona, sin mayor motivo que la sospecha, lo que fue calificado como discriminación racial o racial profiling. Igualmente se derogó la posibilidad de castigar a alguien que transportara o protegiera a un ilegal en su coche.

A escala local, el ejemplo más depurado de ejercicio arbitrario y racista del poder fue el caso de sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, Arizona, que se mantuvo en el cargo 24 años, que recientemente fue derrotado electoralmente y ha sido acusado judicialmente de abuso de poder y detenciones ilegales. El trato que daba el sheriff a los indocumentados detenidos era humillante y vejatorio y contrario a cualquier práctica de respeto a la dignidad y los derechos humanos.

Finalmente, por si no fuera poco, la espiral antinmigrante a escala electoral, federal, estatal y local, se ha desarrollado un intensa campaña antinmigrantes entre la población, con la constitución de grupos de los llamados vigilantes, las denuncias anónimas y las agresiones de todo tipo a la comunidad migrante. Esta dinámica persecutoria ha llegado incluso a las escuelas, donde algunos niños acosan ( bullying) a sus compañeros por ser de origen latino o mexicano, y justifican su actitud en los repetidas exabruptos de Donald Trump.

El peor escenario está ya planteado y redactado, sólo faltaba un gobierno decidido a ponerlo en práctica, como el de Trump y las dos cámaras, con mayoría republicana, para justificarlo legalmente.