Cancún, QR.

Tras la 13 Conferencia de las Partes (COP 13) quedó patente que los principales guardianes de la biodiversidad son los pueblos indígenas y las comunidades locales, que han batallado para ser escuchados y para que su derecho a acceder a conocimientos, innovaciones y prácticas para la conservación fuera reconocido.

No obstante, esos celosos guardianes siguen quedando a merced de legislaciones nacionales, que en el caso de México no es ninguna garantía; por ello, la COP 13 sólo fue una pasarela de buenos deseos del gobierno, acusó Greenpeace.

El organismo internacional sostiene que las comunidades indígenas mexicanas, desde los tarahumaras hasta los mayas, del norte al sur, han sido víctimas del saqueo de sus recursos naturales, de la complicidad de gobierno y empresas para favorecer la mercantilización de sus recursos, conocimientos y prácticas.

De acuerdo con Aleira Lara Galicia, coordinadora de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México, funcionarios mexicanos como Sol Ortiz García, secretaria de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), quien presumía el apego al Protocolo de Cartagena, quedaron en evidencia.

En la selva maya se reveló la presencia ilegal de soya transgénica en contravención a las sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (4 de noviembre 2015), y a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que dice que se debe proceder contra la siembra ilegal con la incautación y destrucción de las semillas genéticamente modificadas.

México dista mucho de coadyuvar al cumplimiento de la Meta 18 de Aichi para 2020 al resistirse a respetar los conocimientos y prácticas tradicionales indígenas para la conservación y la empleo sostenible de la diversidad biológica, así como su uso consuetudinario de los recursos biológicos.

El financiamiento para la conservación de ecosistemas y su biodiversidad abre una amplia gama de recaudación: muchas empresas aportan pero no se comprometen a evitar el agotamiento de recursos o para el deterioro ambiental de procesos de contaminación, como el uso de agrotóxicos o descargas de aguas residuales sin tratamiento a ríos y mares.