egún cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama deportó a 242 mil 456 ciudadanos mexicanos en el año fiscal que va del primero de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015, un repunte con respecto a los 176 mil 968 connacionales expulsados en un periodo equivalente entre 2013 y 2014. El dato contrasta con la caída global en el número de deportaciones realizadas por el país vecino en el más reciente de los años mencionados. Con esto, los mexicanos sumaron 72.7 por ciento de todos los deportados, con lo que se alcanzó la cifra de 2.9 millones de mexicanos devueltos de manera forzada a su país de origen entre 2009 y 2015.
En el marco del Día Mundial del Migrante, que se conmemoró ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recordó que México es uno de los cinco países con mayor número de emigrantes, pues sólo en Estados Unidos residen 12 millones de connacionales, además de que cada año un millón de mexicanos viajan a esa nación, sea en forma regular o irregular. El ombudsman resaltó que hoy nuestro país no es sólo un importante emisor de población, sino región de tránsito y destino –voluntario o involuntario– para un número creciente de personas de distintas procedencias. En efecto, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secreta-ría de Gobernación, 198 mil personas extranjeras fueron detenidas en territorio mexicano en 2015, al no contar con la documentación que acreditara su condición migratoria regular, tendencia que se repitió este año con ejemplos tan puntuales como los refugiados haitianos y africanos que esperan ingresar a nuestro vecino del norte desde Tijuana.
Como destacó la organización Red de Acción Migrante, las amenazas de toda índole que padecen los migrantes mexicanos exigen de las autoridades federales una propuesta real y una actitud enérgica en la defensa de los derechos humanos de los paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Tal viraje en la actual postura de indiferencia ante las deportaciones, tensión racial, incertidumbre económica y riesgo de daños a la integridad física y emocio-nal de los connacionales adquiere la máxima importancia en vista de los renovados bríos cobrados por el racismo y la xenofobia entre los ciudadanos estadunidenses a partir de la campaña y el triunfo en la elección presidencial de Donald Trump.
Queda claro que ante la magnitud del desafío debe articularse una política de Estado en materia migratoria, la cual requiere en primer lugar que México formule y proponga a la comunidad internacional nuevos marcos jurídicos y culturales que permitan entender y gestionar la movilidad como un fenómeno inevitable dentro de un mundo globalizado con profundas asimetrías económicas, prolongados y mortíferos conflictos bélicos y crisis recurrentes. Por el papel de nuestro país como principal corredor migratorio del mundo, el Estado mexicano tiene la oportunidad y el deber moral de impulsar ante la comunidad internacional una reformulación de la manera en que se entienden y gestionan los flujos migratorios.
Dicha política debe incluir una agenda para la recepción y acogida de los migrantes extranjeros en nuestro propio territorio que garantice la protección efectiva de las personas que actualmente son víctimas de abusos de las autoridades, violencia extrema de la delincuencia organizada y atropellos que serían inaceptables en cualquier punto del globo, pero de manera particular en una nación que padece en su propia comunidad los estragos de políticas agresivas contra el derecho a la movilidad de los individuos.
