Los sucesos de Nochixtlán, Oaxaca confirman que la criminalización de la protesta social es el camino que siguen los gobiernos represores, y ponen a las instituciones mexicanas ante la necesidad de una renovación profunda que debiera empezar por el reconocimiento de la gravedad y la magnitud del hecho y de sus consecuencias, coincidieron en señalar activistas, abogados, profesores y defensores de derechos humanos.

Al participar en el foro México y el mundo actual, organizado por Casa Lamm y La Jornada, los panelistas Saúl García Cruz, maestro de una escuela primaria indígena; la profesora Martha Ascencio Martínez Montes; la abogada Itayee Cruz Guevara (los tres integrantes de la Comisión de Gobernabilidad de Nochixtlán); Arturo Peimbert Calvo, ombudsman de Oaxaca; Flavio Sosa Villavicencio, activista político, y el periodista Arturo Cano cuestionaron el hecho de que a casi dos meses de los sucesos no haya aún resultados en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

En su oportunidad, el titular de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, Arturo Peimbert, aseguró que no está claro qué perseguía el operativo de la Policía Federal el 19 de junio pasado en Nochixtlán.

Peimbert Calvo narró que el operativo dio inicio a las siete de la mañana con el reagrupamiento de las fuerzas federales que se acercaban al bloqueo, en el que había entre 60 y 70 personas, y continuó hasta las 17 horas.

De su lado, Itayee Cruz Guevara, joven abogada que buscó la presidencia municipal de Nochixtlán bajo las siglas del partido Morena, recordó que tras los hechos las autoridades han ofrecido de todo, pero en materia de justicia nada.

Refirió que la PGR está obligada a realizar una investigación encaminada a esclarecer los hechos y buscar la sanción de los autores y partícipes de los hechos, que dejaron al menos ocho muertos y decenas de heridos.

Los panelistas recordaron que la semana pasada el gobierno federal reconoció que en el operativo policiaco en esa comunidad unos 62 agentes estatales y federales portaron un total de 89 armas de fuego, de las cuales 36 eran largas y 53 cortas.

De acuerdo con información de la PGR entregada a la Comisión Especial de Seguimiento al Caso Nochixtlán, en el Senado, 22 agentes estatales de la división vial estaban equipados con nueve armas largas y 15 cortas, mientras que seis policías estatales fueron desplegados con cinco armas largas y seis cortas. En tanto, 32 elementos de la Gendarmería Nacional portaron 22 armas largas y 32 cortas.