La renuencia del Ejército a rendir cuentas sobre su actuación en la lucha contra el narcotráfico ha consolidado la impunidad en el caso de la masacre ocurrida en la bodega del municipio de Tla-tlaya, estado de México, donde 22 civiles fueron muertos y ejecutados por militares en un presunto enfrentamiento.

A dos años de los hechos, ocurridos el 30 de junio de 2014, diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil cuestionaron la inacción de la Procuraduría General de la República (PGR), ya que al día de hoy ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado, ni se realizan las diligencias necesarias para fincar responsabilidades en todos los niveles.

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones aseguraron que esto es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por la PGR. Insistieron en que a un año de haberse revelado la existencia de la Orden General de Operaciones, que instruyó a la unidad militar involucrada en los hechos de abatir delincuentes en horas de la oscuridad, ésta sigue sin ser investigada por la autoridad federal.

Hay que recordar que en los hechos, la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que derivó en la recomendación 51/2014, señala que entre 12 y 15 personas, de las 22 muertas esa noche, fueron ejecutadas arbitrariamente.

Sin embargo, en varios procesos, a lo largo de los meses recientes, los jueces federales han resuelto dejar en libertad a los militares procesados ante la insuficiencia de elementos para probar los hechos o las responsabilidades en la incurrieron. Todos eran de bajo rango.

Ahora que el sexto tribunal unitario devolvió la investigación a la PGR para rehacer la denuncia con mayores elementos, las organizaciones exigieron que esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo a los más altos estándares en la materia.