Con una política migratoria basada en la deportación, persecución y criminalización de los migrantes, México se ha convertido en una férrea muralla cuya misión principal es contener a las miles de personas –principalmente centroamericanas– que pretenden transitar por territorio nacional para llegar a Estados Unidos.

El informe Migración en tránsito por México: rostro de una crisis humanitaria internacional, elaborado por 16 asociaciones de amplio reconocimiento que trabajan en pro de los viajeros y sus derechos, incluye el registro de más de 7 mil personas que sólo en 2015 fueron arrebatadas del grupo con que viajaban, ya sea por elementos policiacos o del crimen organizado.

El análisis sostiene que tiene consignadas en su base de datos más de 30 mil personas, que es el mayor registro de migrantes en tránsito realizado en el país por organizaciones de la sociedad civil; más de la mitad (casi 18 mil) provienen de Honduras, seguidos por El Salvador y Guatemala.

Con cifras identifica que los estados más violentos para las personas transmigrantes son Chiapas, Veracruz y Oaxaca; y los principales delitos y violaciones a los derechos cometidos en su contra están vinculados al derecho a la propiedad privada (robo), a la integridad física (lesiones) y libertad (detenciones arbitrarias). Los agentes que más violan estas garantías son la policía federal y municipal.

Coordinados por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Rododem), las agrupaciones aseguran, con los datos oficiales y los recabados por ellas, que en los hechos el Programa de Frontera Sur del gobierno mexicano, impulsado desde Estados Unidos, es una política encaminada a perseguir a los migrantes.

Así, en 2014 las autoridades mexicanas deportaron a 107 mil 199 centroamericanos, 47 por ciento más que un año antes. Para 2015, esta cifra llegó a 158 mil 736 expulsiones, 48 por ciento más que el año previo.

En la presentación, Arturo González González, del Servicio Jesuita a Migrantes, presentó un mapa, el cual ha elaborado cada semestre durante los pasados dos años, en el que se demuestra que prácticamente no existe en la actualidad una entidad del país donde no se realicen operativos de verificación y control migratorio.

Los operativos hoy en día no sólo se realizan en la ruta del tren y las tradicionalmente usadas desde hace mucho tiempo por los migrantes, sino que se han extendido a zonas deshabitadas como bosques, selvas y serranías, pero también en las urbanas y de manera específica en las inmediaciones de los espacios de ayuda humanitaria.

Antonio Esparza, del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Victoria Ríos, de Casa Nicolás; Rebeca Díaz, del Albergue Ixtepec, y María José Lazcano, del Centro de Atención al Migrante en Querétaro, coincidieron que esta política de contención y cerco migratorio del Estado mexicano ha obligado a los migrantes a utilizar rutas mucho más peligrosas, generando una mayor invisibilidad y vulnerabilidad de este sector.

El informe de 127 páginas, señala que el principal factor que alienta la migración es el económico, como desempleo y bajos salarios; cuestiones ambientales relacionados con el extractivismo, despojo de tierras y megaproyectos, y la violencia, causada en su mayoría por la lucha de bandas criminales.