San Salvador Atenco, Mex.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) conmemoró ayer el décimo aniversario de la represión y la toma de la comunidad San Salvador Atenco por fuerzas federales. En aquella ocasión detuvieron a más de 200 campesinos; decenas de mujeres sufrieron vejaciones y fueron asesinados dos jóvenes.

El FPDT aseguró que continuará en lucha hasta que se cancele el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Aún está fresca en nuestra memoria la tortura que vivimos la noche larga del 3 al 4 de mayo de 2006. Decir que pasaron 10 años es sólo una referencia para no olvidar todo el dolor y el agravio que hoy todavía tenemos y revivimos. La represión y la venganza política que nos avasallaron aún indignan, dijo Adela Romero Núñez, integrante del FPDT.

El 3 de mayo de 2006 los campesinos del frente, que defendían de un desalojo a un grupo de floristas del mercado municipal de Texcoco, fueron golpeados por la policía estatal. En esa acción fue detenido su dirigente, Ignacio del Valle Medina.

Cientos de pobladores y ejidatarios bloquearon la carretera Texcoco-Lechería y la policía detuvo a decenas. La madrugada del 4 de mayo miles de agentes irrumpieron en la comunidad. Arrojaron gases lacrimógenos, catearon casas y detuvieron a cientos de ejidatarios del FPDT, que cinco años antes habían logrado que se suspendiera la construcción del aeropuerto.

Los campesinos atenquenses exigieron que se castigue a los autores materiales e intelectuales de la represión, así como del asesinato del estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México Ollín Alexis Benhumea Ramírez y del joven Francisco Javier Cortés. Advirtieron que quienes ordenaron la represión hoy ocupan altos cargos, entre ellos el presidente Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del estado de México.

Desde hace 15 años, agregaron, enfrentan la amenaza de despojo de tierras para la construcción del aeropuerto. El mayo rojo de 2006 fue una venganza cruel y condenable. Ahora, en 2016, el gobierno insiste en la construcción de su terminal aérea en nuestras tierras, señalaron.

Advirtieron que no van a permitir más humillación y lucharán legalmente y con movilizaciones para defender sus tierras contra el proyecto de muerte.

La conmemoración se inició con una misa que ofició el sacerdote Miguel Concha Malo y con una conferencia de prensa de los atenquenses. Entre los asistentes estuvieron madres de los normalistas Martín Getsemany Sánchez, Jorge Antonio Tizapa y Abel García, tres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Miguel Concha sostuvo que el FPDT ha compartido durante una década esperanza y lucha por la defensa de los territorios, y es símbolo de la defensa de los derechos humanos ante la violenta represión contra la comunidad.

Quienes pretenden arrebatarnos también la esperanza, no lo olvidemos, han hecho y hacen un uso represor de las fuerzas del propio Estado. No olvidemos que hoy debe existir justicia para los dos jóvenes asesinados, las más de 30 mujeres abusadas sexualmente y cientos de personas reprimidas; no lo podemos olvidar y por eso hoy estamos aquí, dijo.

También participó Gilberto López y Rivas en nombre del Comité en Defensa de la Madre Tierra. Consideró que el FPDT se ha convertido en ejemplo de todas las luchas que en el país están defendiendo la naturaleza, la tierra y todas sus formas de vida; además, Atenco ha sido un símbolo en la defensa de los derechos humanos.

Asimismo advirtió que los trabajos de la empresa Cypsa Vise provocan tensión y polarización en Tocuila, municipio de Texcoco, donde se construye una autopista hacia el NAICM.

La conmemoración continuó por la tarde con actividades culturales y musicales que el ayuntamiento local priísta pretendió boicotear con una actividad para festejar el Día del Niño, para lo cual colocó en la explanada decenas de bocinas a todo volumen y un ring de boxeo.

Policías, legistas y agentes, amparados

Israel Dávila Corresponsal

Toluca, Mex.

Han pasado 10 años de la incursión policiaca en San Salvador Atenco, donde más de 200 personas fueron detenidas, 43 mujeres sufrieron abusos físicos y sexuales de los agentes y dos jóvenes murieron por disparos presuntamente hechos por elementos de seguridad. A 120 meses, ninguno de los responsables de estos hechos ha sido sentenciado.

En una década, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) no ha sido capaz de esclarecer las muertes de Alexis Behumea Hernández y Javier Cortés Santiago, quienes perecieron por impactos de proyectiles iguales a los que la policía estatal utilizó en las operaciones del 3 y 4 mayo de 2006. Ni siquiera se han emitido órdenes de aprehensión por estos homicidios.

Los policías estatales que irrumpieron en San Salvador Atenco y fueron señalados como presuntos responsables de los abusos no han recibido sanciones penales. Casi todos promovieron amparos que les permitieron librar las imputaciones o retrasar los procesos.

En julio de 2012 la PGJEM acusó a Eduardo Vite Mendoza y Ricardo Consuelo Cruz de torturar a detenidos en Atenco. A ninguno se ha impuesto sentencia, debido a la promoción de amparos.

En octubre del 2014 la PGJEM hizo nuevas imputaciones a ocho policías estatales, quienes tampoco han recibido condena. En conferencia de prensa que ofrecieron ese año –tras enterarse de la imputación y tramitar un amparo que les ha permitido seguir sus procesos en libertad– esos agentes señalaron que las acusaciones en su contra son fabricadas.

En ese mismo pliego de consignación dirigido al juzgado primero penal de Toluca, con sede en el penal de Santiaguito, se acusó a 11 médicos legistas de la Dirección General de Readaptación Social y a un agente del Ministerio Público por tortura equiparada y encubrimiento, pues no certificaron las lesiones que presentaban los detenidos al llegar al penal tras ser golpeados por los policías.

El proceso contra los médicos legistas acaba de cerrar instrucción y cinco de ellos (Héctor Hugo Hernández Guerra, Blas Reyes Sánchez, Miguel Ángel Meneses Ibarra, Olimpia Gómez Sandoval y María del Carmen Iglesias Aguilar) están a la espera de sentencia.

En los casos de Patricia Eugenia Martínez Torrijos, Rosa Celia Ramón Juárez, José Armando Solache Ramírez, Gabriel Job Olmos Arroyo, Fidel Robledo López y Bernabé Pérez Soto, también médicos legistas, queda pendiente la resolución de un amparo.

El juicio contra el agente del Ministerio Público Agustín Hinojosa Martínez sigue en periodo de desahogo de pruebas y faltan varios meses para que se decrete el cierre de instrucción.