e acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 4 mil 858 grandes contribuyentes que operan en el país adeudaban al fisco, al cierre de marzo pasado, más de 178 mil millones de pesos, un incremento de 50 por ciento con respecto a los 118 mil millones que debían en el mismo mes del año pasado. Ello implicó un aumento de 17 por ciento en los créditos fiscales, que suman un total de 558 mil millones de pesos repartidos entre un millón 450 mil contribuyentes.

El dato es preocupante no sólo por lo que implica en términos de concentración de los adeudos fiscales en unos cuantos causantes, sino porque debe ser contrastado con la caída de los ingresos no tributarios, tanto los petroleros como los no petroleros, experimentada en el primer trimestre del año a consecuencia de la baja persistente de las cotizaciones de hidrocarburos en los mercados internacionales, la disminución de la producción de crudo y el retroceso en los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad (12.7 por ciento) por la reducción de tarifas.

En ese contexto, el gobierno federal efectuó ajustes a la baja en servicios personales (3.5 por ciento), inversión física (20 por ciento), subsidios, transferencias y aportaciones corrientes (1.5 por ciento) y transferencias a estados y municipios (2.5 por ciento).

Es claro que, ante la drástica caída de los ingresos energéticos derivada de los bajos precios internacionales del crudo, pero también de la reducción de la renta petrolera causada por la transferencia a manos privadas de grandes porciones de la infraestructura y actividades petroleras –y de la parte correspondiente de las utilidades–, los recursos obtenidos por concepto de impuestos cobran una importancia crucial para el gasto público. Éste, a su vez, es aún un factor primordial para toda perspectiva de reactivación económica, incluso a pesar del achicamiento del Estado operado desde el gobierno mismo en sexenios recientes.

La pregunta obligada es cómo podría lograrse la anhelada recuperación económica si el gobierno gasta e invierte menos y la ciudadanía en general ve reducida su capacidad de consumo, porque debe hacer frente a obligaciones impositivas cada vez más pesadas. Es claro que en esas circunstancias las tendencias recesivas sólo pueden acentuarse, y prueba de ello es que por segundo año consecutivo las proyecciones de crecimiento económico van siendo reducidas conforme avanzan los meses del periodo.

Persiste, para colmo, el sentir generalizado de que a diferencia de lo que ocurre con la masa de causantes cautivos y de las pequeñas y medianas empresas, las grandes corporaciones cuentan con condiciones de privilegio a la hora de pagar los impuestos que les corresponden y se benefician de términos fiscales mucho más benignos que los imperantes para el resto.

Ello no necesariamente conlleva la comisión de ilegalidades formales; en muchos casos puede explicarse por la capacidad de las grandes empresas de contratar despachos enteros de abogados y expertos fiscales que logran explotar a fondo las debilidades de las disposiciones vigentes. Pero esas inequidades no sólo se traducen en prácticas fiscales injustas, sino también en graves mermas de recursos para las arcas públicas y, por consiguiente, en una menor capacidad del Estado para contrarrestar e incluso para paliar los exasperantes y peligrosos rezagos sociales, y en la incapacidad del sector público para incidir de manera significativa en la detonación del crecimiento económico en los ritmos y tasas que el país requiere con urgencia.