Ante los numerosos elementos y evidencias científicas que cuestionan la versión oficial del caso Ayotzinapa, es momento de que la Procuraduría General de la República (PGR) cambie su narrativa sobre la verdad histórica, reconozca que no hay certeza sobre el destino de los normalistas, y continúe con los procesos de búsqueda todavía pendientes, afirma el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En el documento con las 20 principales recomendaciones que entregaron a la titular de la PGR, Arely Gómez, el grupo de expertos señala la necesidad de indagar la obstrucción en la investigación del caso Ayotzinapa. Entre estas cuestiones está la falta de diligencia, negligencia y destrucción de evidencias de diferentes momentos de la investigación, señalando de manera particular a funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido).

Pidió investigar los motivos por los cuales la Seido regresó al basurero de Cocula el 15 de noviembre de 2014, y saber cuál fue el sustento de esta nueva diligencia, en la cual sorpresivamente se levantan 42 casquillos en la zona alta de dicho basurero, cuando ya había sido revisada minuciosamente, así como por qué no fue notificado el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Pide evitar interferencias de la Seido en la investigación, la cual debe estar bajo la responsabilidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, en cumplimiento de los acuerdos firmados en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así, un día después finalizar su mandato de más de un año en México, como coadyuvante en la investigación en el caso, los expertos hicieron pública la ruta de seguimiento sobre su trabajo, la cual fue entregada a la procuradora Arely Gómez.

En la larga lista de pendientes, el GIEI recomienda a la PGR unificar las distintas causas penales; dar seguimiento a la telefonía de los celulares tanto de los estudiantes desaparecidos como de los presuntos responsables (policías y miembros del crimen organizado); investigar las quejas de tortura presentados por muchos de los inculpados; seguir las investigaciones del trasiego de droga entre Iguala y Chicago, así como la existencia de laboratorios clandestinos en la zona y el movimiento de dinero. Y si los propietarios de los medios de transporte (autobuses) son empresas, entonces indagar sobre los propietarios, accionistas y socios.

Entre las recomendaciones también está tener una plena identificación del quinto autobús, del cual fueron obligados a bajar los normalistas ese 26 y 27 de septiembre de 2014, y que en las indagatorias iniciales no fue incorporada en el expediente, así como la probable responsabilidad de funcionarios públicos por haber omitido esta información.

Recomienda llevar a cabo las declaraciones testimoniales pendientes, entre ellas a los militares del 27 batallón de Iguala, quienes estuvieron en varias de las escenas y en momentos críticos de los hechos. Además, dice que la PGR deberá requerir la documentación militar relevante, que tiene en su poder y no se ha incorporado a la investigación, así como la recuperación de los videos del Centro de Control C4, y otros más que tampoco están en el expediente, incluyendo el material fotográfico tomado por el militar de inteligencia del escenario del Palacio de Justicia.

Firmado por los expertos Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristáin, Claudia Paz y Francisco Cox, el documento de las 20 principales recomendaciones insiste en que ya es momento, ante el cúmulo de evidencias científicas, de que la PGR cambie su narrativa sobre la llamada verdad histórica.