La ceremonia oficial del Día del Trabajo fue el marco para que el presidente Enrique Peña Nieto describiera un panorama boyante, al mencionar la recuperación de 5 por ciento del poder adquisitivo, la creación de 1.8 millones de empleos y la reducción de la tasa de informalidad en 3.2 puntos porcentuales, el nivel más bajo en 10 años.

Esto fue el preámbulo de lo que el mandatario definió como una de las más ambiciosas reformas de justicia laboral: un nuevo modelo de conciliación que incluirá al Poder Judicial Federal.

Rodeado de las cúpulas sindicales y empresariales, el Presidente resumió el ámbito laboral de su iniciativa de justicia cotidiana: ‘‘Se trata de un cambio de paradigma que nos permitirá empatar nuestro sistema de justicia con los nuevos tiempos’’ para que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial Federal o los poderes judiciales locales; también, que los procesos de conciliación sean más ágiles y eficaces, y para ello se propone la creación de centros de conciliación especializados e imparciales’’.

Peña Nieto fue pródigo en ofrecer cifras sobre el entorno laboral, que es –dijo– producto no sólo de las políticas aplicadas, sino de la coordinación entre los factores de la producción. En ese contexto citó que la tasa de informalidad laboral se ha reducido 3.2 puntos porcentuales. ‘‘Estamos revirtiendo esta tendencia creciente que en los últimos años habíamos observado: más trabajadores en la informalidad sin derecho a la capacitación constante y permanente, sin derecho a la seguridad social. Hoy esto está cambiando’’. Según las cifras de la Presidencia, la tasa de empleos informales pasó de representar 60.2 por ciento en noviembre de 2012 a 56.9 por ciento en marzo de 2016.

Fue una celebración acrítica. La cúpula obrera y la patronal coincidieron en un simbiótico diagnóstico que ubica a la productividad como ruta para el mejoramiento salarial y la conciliación entre los ‘‘factores de la producción’’, para la modernización de las relaciones laborales que conduzcan al mejoramiento del poder adquisitivo sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.

La descripción presidencial abarcó la creación de empleos desde que tomó el poder al 31 de marzo de 2016. En ese periodo, informó, los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social aumentaron en un millón 850 mil 970, proyectando que en diciembre se alcanzarán los 2 millones. La tasa de de-sempleo –aseguró– se ubicó en 3.6 por ciento de la población económicamente activa.

Habló de mejores condiciones de productividad, al ubicar un crecimiento –‘‘si bien modesto’’– de 1.4 por ciento. Lo importante, insistió, es que se revierte la tendencia decreciente de décadas. En cuanto al poder adquisitivo, Peña resaltó su recuperación en 5 por ciento, estimándose que hacia finales de año alcanzará 6.

A la ceremonia, realizada en la residencia oficial de Los Pinos, llegaron todos los dirigentes de la centrales oficialistas e incluso algunos sectores independientes, así como líderes de organizaciones patronales.

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, elogió las reformas estructurales antes de plantear que ‘‘la productividad es, creo, la única posibilidad de que tengamos más aumentos’’ salariales.

Apenas esbozó un disenso sobre el panorama descrito y pidió revisar las reglas de acceso a créditos del Infonavit, tras lo cual dijo que las condiciones macroeconómicas han supuesto un sacrificio de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas.

En su turno, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, afirmó que ‘‘la productividad es el principio fundamental para el crecimiento sostenible de las remuneraciones de los trabajadores y de sus empresas’’.

Por ello, pidió ‘‘extender a todo el país el círculo virtuoso de inversión, productividad, competitividad y movilidad social’’ y destacó que el diálogo favoreció una transición de la economía, que pasó de una estructura cerrada a convertirse en una potencia exportadora de manufacturas.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, atribuyó el balance de las cifras en materia laboral a una política pública sustentada en el tripartismo que ha reducido las huelgas, mejorado el poder adquisitivo y la productividad, así como la reducción de la informalidad.

Enfatizó finalmente en la obsolescencia de un modelo de justicia laboral donde los juicios tan largos ya no benefician a nadie.