Organizaciones sociales y populares del estado de México crearon el frente Fuego de la Digna Resistencia, para oponerse a la llamada ley Atenco, pues, enfatizaron, permite el uso desmedido de la fuerza pública contra manifestantes y criminaliza la protesta social, con lo que se violan derechos humanos garantizados por la Constitución.

En conferencia de prensa aseguraron que con esa norma el gobierno del mandatario estatal Eruviel Ávila pretende legalizar la represión y blindarse jurídicamente ante los atropellos que prepara contra quienes se organicen y manifiesten pacíficamente en el estado de México.

Representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, de la Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec, de la Alianza Única del Valle, de Apaxco Comunidades por la Vida y de la Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, entre otros, señalaron que lucharán política y socialmente para echar abajo la nueva norma, a la que decidieron renombrar como ley Eruviel.

Afirmaron que la ley –cuyo proyecto se mantuvo más de dos meses en la opacidad y fue aprobada por todos los partidos políticos, salvo Morena, en el Congreso local el pasado 18 de marzo– permite desde el uso de esposas rígidas hasta la operación de armas de fuego contra manifestantes, además del espionaje e intervención oficial en asambleas públicas de los pueblos organizados.

Si el jefe de seguridad pública de una región considera ilegal alguna manifestación en un lugar público, esta norma facultará que los policías actúen contra los manifestantes, e incluso si pretenden escapar, se les podría disparar. No precisa alguna sanción administrativa, civil ni penal contra elementos que cometan excesos en el uso de la fuerza pública, y se rompe la cadena de mando, eximiendo así de responsabilidad alguna al gobernador y alcaldes, y la delega apenas a los mandos operativos. Los diputados y diputadas locales montaron un andamiaje perfecto para la impunidad, sostuvieron.

Tramitarán una acción de inconstitucionalidad

Subrayaron que la nueva norma viola los derechos a la vida, a la libertad, a la manifestación y a la libre expresión, por lo que anunciaron que acudirán ante las comisiones Nacional y estatal de Derechos Humanos a fin de que –como lo permite– tramiten una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realizarán además foros, campañas de difusión sobre la misma, movilizaciones y tramitarán miles de amparos contra esta ley.

Antonio Lara, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, indicó que el pueblo y las organizaciones del estado de México darán la lucha para derogar la norma.

Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, indicó que la promulgación de esta ley está relacionada con las luchas que los pueblos del estado vienen dando contra megaproyectos, como el nuevo aeropuerto internacional, al que su organización se opone.

Asimismo, se anunció que en el contexto de los 10 años de la represión contra los habitantes de San Salvador Atenco –hechos por los que responsabilizaron al ex gobernador y hoy titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto– iniciarán la campaña #MayoRojo, con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, el 4 de mayo.