Toluca, Méx.

El presidente del Congreso del estado de México, Cruz Juvenal Roa Sánchez, y el secretario General de Gobierno estatal, José Manzur Quiroga, afirmaron ayer que la aprobación y promulgación de la ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad responde a recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para no repetir acciones de abuso policiaco como las registradas hace 10 años en San Salvador Atenco.

Ambos mostraron su disposición de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la comisión estatal (Codhem) puedan analizar este nuevo ordenamiento para que verifiquen que no existen ninguna violación a la Constitución, ni restricción a las garantías individuales, como han señalado otros actores políticos.

El priísta Roa Sánchez indicó que la iniciativa mereció una amplia discusión entre todas las fuerzas políticas del estado, e incluso se tomó opinión de representantes de las comisiones de derechos humanos. La normatividad enviada por el Ejecutivo estatal tuvo ajustes para dejar en claro en qué momento y bajo qué circunstancias se puede hacer uso de la fuerza pública.

A todos los que han señalado que la ley es violatoria de garantías individuales o de los derechos humanos, los invito a leerla cuidadosamente. Queremos regular el actuar policiaco, no pretendemos restringir libertades, ni de manifestación ni de asociación ni de libertad de expresión. Todos esos derechos están consagrados, sostuvo Juvenal Roa.

Para Manzur Quiroga las críticas que han surgido por la aprobación de esta ley sólo tienen su origen en un golpeteo político.

Sería una tontería que nosotros pretendamos coartar el derecho a la libre manifestación, nada más alejado a la realidad. No se pretende criminalizar nada, sólo queremos tener un instrumento legal que nos permita controlar el actuar policiaco, y definir claramente cuándo y cómo pueden hacer uso de la fuerza, manifestó.

Refirió que la ley Atenco no sólo se refiere a regular la fuerza pública en manifestaciones y protestas, sino en los centros penitenciarios, en el combate al crimen y en las detenciones que regularmente hace la policía de presuntos delincuentes.