El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtió que las autoridades federales están a la ofensiva por el cierre de la segunda etapa de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el 30 de abril.

El escenario que se avecina no es nada halagüeño para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que han luchado para dar con el paradero de sus hijos, sostuvo.

La organización resaltó, en un análisis por escrito, que la “escalada del conflicto se elevó a grados extremos porque estamos arribando a una disputa a escala internacional, donde el gobierno de México apuesta a confrontarse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una coyuntura que le puede ser propicia ante el cambio de varios comisionados.

Las autoridades creen que pueden recomponer la correlación de fuerzas y balancear mejor la información que se ha vertido sobre su inacción ante un país colapsado por el crimen y la impunidad, agregó.

Recordó que el más reciente informe de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en el país fue recibido por el gobierno mexicano con gran disgusto, mientras para los padres de los 43 normalistas es un instrumento más en favor de su lucha.

Estamos arribando a un momento crítico, donde el gobierno está atrincherado y defendiendo sus posiciones tácticas y estratégicas, no sólo contra las víctimas de los desaparecidos, quienes lo emplazan a que se sepa la verdad, sino contra la misma sociedad que los increpa por el clima de violencia que impera e impide que se garantice el derecho a la vida y a la integridad física, indicó Tlachinollan.

Subrayó que pese a las recomendaciones de instancias internacionales, la línea dura del poder político ha tomado la batuta y se empeña en no ceder ante las presiones de la sociedad, de los familiares de los desaparecidos y de los mismos organismos exteriores.

Consideró que en este escenario se busca avasallar y silenciar a quienes cuestionan y ponen en entredicho la estrategia bélica del gobierno y su pertrechamiento en torno al Ejército.

Para el centro, los golpes más arteros que han recibido los padres de los 43 normalistas han sido de las autoridades más encumbradas del país: el presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

El último agravio, añadió, se dio el 24 de febrero en Iguala –donde desaparecieron los jóvenes–, cuando el Estado Mayor Presidencial sitió la ciudad y acorazó los lugares donde estuvo el mandatario.

Esta presencia hizo evidente la alianza estratégica que mantiene el Presidente con los militares que están siendo señalados en los expedientes de la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de los actores gubernamentales que tuvieron injerencia en la desaparición de los 43 estudiantes, sostuvo.

Tlachinollan advirtió que la demostración excesiva de fuerza es “una prueba fehaciente de un poder que aterra y que ha perdido el pulso de la realidad.

Es tanta su aversión y enojo con los familiares de los desaparecidos que ignora y no tiene palabras para enviar algún mensaje a los padres y madres de los 43. De tajo busca borrarlos de la historia reciente. Pide no recordarlos más. Olvidar sus nombres, sus rostros y sus historias. A cambio de esta tragedia abandera al Ejército y da trato de héroes ante el lábaro patrio.

Resaltó que los padres de los estudiantes, además de continuar en la búsqueda de sus hijos, también tienen que hacer frente a la embestida del gobierno que ha arreciado sus ataques contra los miembros del GIEI.