El Instituto Nacional Electoral (INE) destinó el año pasado 4 mil 900 millones de pesos para la organización de las elecciones y no ejerció 195 millones de pesos; además, varias direcciones funcionaron inadecuadamente, como las del Registro Federal de Electores y de Comunicación Social.

La falta de rigor en el proceso de planeación tuvo en consecuencia la existencia de recursos presupuestales no erogados que, en ánimo de austeridad y disciplina presupuestaria, no encuentran justificación, concluye la Contraloría General del organismo en su Informe de las auditorías del semestre julio-diciembre 2015.

El contralor tampoco advirtió suficiente claridad en la contratación del personal que se encargaría del proceso electoral 2014-2015. Se identificaron contratos sin formalizar; contratos con cargo al proceso en los que se señalaron funciones diferentes o no asociadas a éste, señala.

Los subejercicios se dieron en 2014 en relación con las elecciones. Se gastaron 697 millones de pesos y 4.8 millones no se ejercieron. En 2015, estas cantidades fueron superiores; lo erogado fue de 4 mil 723 millones de pesos y lo no ejercido 195.5 millones de pesos.

Cabe mencionar que este año el INE pretende pedir cerca de 500 millones de pesos adicionales para organizar la elección del Constituyente de la Ciudad de México.

El contralor Gregorio Guerrero evaluó también que las gestiones de diversas direcciones no fueron adecuadas.

Entre ellas mencionó a la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE), que presupuestó gastar 38 millones de pesos en un proyecto denominado servicios administrados de equipo de impresión de alto volumen para la producción de LNE”, pero sólo ejerció 19 millones de pesos.

Lo mismo pasó con otro programa para mejorar la infraestructura y los servicios de atención ciudadana”, para lo cual se aprobaron 14.2 millones, pero sólo se usaron 4.8 millones de pesos.

El proyecto de renovación de credenciales tuvo un costo de 21.5 millones de pesos, pero no se informó el ejercicio presupuestal debido a que se transfirieron los recursos a otro rubro. O sea, el no tener el control sobre el manejo de éstos ocasiona que desconozca si se aplicaron para el fin autorizado.

En las asesorías en comunicación dadas a la dirección de Comunicación Social tampoco hubo vinculación directa con el objetivo del proyecto, que permitiera demostrar que la contratación de la consultoría fortaleció tanto la imagen del instituto como su estrategia de comunicación.

También se pagaron inserciones en medios impresos e Internet por un millón 530 mil pesos que no tuvieron relación con las campañas institucionales del proceso electoral.

Además, se contrató a 48 personas por honorarios eventuales para que apoyaran en el desarrollo de cinco proyectos. Pero del análisis a las nóminas de pago se determinó una diferencia por 308 mil pesos en relación con el presupuesto informado.

La dirección de Partidos y Prerrogativas Políticos gastó 3.6 millones de pesos para el diseño de un nuevo sistema de monitoreo para el proceso electoral de 2015, cuando pudo haber aprovechado los beneficios obtenidos del convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2011.

Tampoco calculó adecuadamente el presupuesto para monitorear programas de radio en 2015, por lo que se identificó la existencia de recursos disponibles por 2.6 millones de pesos.