En 2014, casi 43 mil jóvenes fueron acusados de cometer delitos como lesiones, daño en propiedad ajena, robo y narcomenudeo en el país. Sólo 14 por ciento concluyó su juicio y 31 mil tienen un proceso pendiente.

Las 10 entidades con mayor incidencia delictiva son Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, estado de México, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Michoacán y Coahuila.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2014, la mayoría de los inculpados tenía menos de 18 años (12 mil 272); le siguen los de 16 (8 mil 739); 15 (7 mil 626); 14 (3 mil 532); 13 (mil 612) y 12 (801 casos).

Durante la presentación del informe Justicia para adolescentes en México, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) y la embajada de Finlandia en México, el ministro consejero de ese país, Mika Ruotsalainen, señaló que este sector de la población es de los más vulnerables, en especial si tiene algún conflicto con la ley.

Dijo que los adolescentes pueden ser presa fácil para la delincuencia organizada y la mejor manera de tratar a los infractores es la prevención, para lo cual se requieren políticas sociales, económicas, laborales y educativas.

Aseveró que en muchos países le dan poca importancia (a los adolescentes) y la mayoría de políticas sociales se dirigen a niños o adultos; sin embargo, los jóvenes son el futuro y debemos tratarlos como tal, ya que están en una etapa decisiva que influye en su adultez.

María Novoa, del equipo de Justicia del Cidac, indicó que uno de los factores que influyen en la impartición de justicia para adolescentes es que sólo 2 por ciento de los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país son especializados en la materia y resuelven casos de menores de edad. En Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla sólo hay uno.

El estudio señala que es imposible establecer un número de tribunales ideal o estándar, pues la cantidad y dimensiones dependen de valores variables, como la carga de trabajo y la geografía del estado que se trate.

Entre las conclusiones, el Cidac recomendó fortalecer las instituciones de justicia para adolescentes y emprender acciones de protección integral, así como evaluar las políticas públicas dirigidas a la niñez.