Río de Janeiro.

El viernes pasado el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva y su esposa Marisa fueron llamados a prestar declaración el 17 de febrero ante un fiscal de primera instancia no como testigos, sino como investigados.

El fiscal Cassio Conserino declaró que hay indicios de que intentaron ocultar la identidad real del propietario de un departamento en Guaruja, playa de clase media, a 67 kilómetros de São Paulo.

Aunque no haya ninguna novedad relacionada con el tema –Lula siempre admitió haber comprado en 2004 una cuota de participación en la construcción de un edificio en el balneario–, el departamento sirvió de pretexto para que finalmente el ex mandatario pase a la condición de investigado. Desde hace al menos un año cada paso de la sonada operación Lavado Rápido, que trata de revelar el esquema de corrupción en Petrobras, no hizo más que buscar caminos para alcanzar a Lula da Silva e involucrarlo de alguna manera en la trama.

En relación con el sonado triplex (el departamento ocupa los últimos tres pisos del edificio), Lula asegura haber pagado, entre 2004 y 2010, las contribuciones mensuales estipuladas en el contrato de opción de compra y que en 2015 desistió de ejercer esa opción, lo que estaba igualmente previsto en el convenio.

Tener a Lula da Silva, quien continúa siendo el principal referente político de Brasil, en la condición de investigado era un objetivo claro en las pesquisas llevadas a cabo por el juez de primera instancia Sergio Moro. Los jóvenes fiscales regionales, de poca experiencia y bastante ambición, no hicieron ningún esfuerzo por disfrazar sus ganas de lucirse como paladines de la justicia. Así, la actual ola de investigaciones, pese a todas las aberraciones judiciales alegremente ignoradas por los medios de comunicación, sería un buen ejemplo de que la impunidad de los poderosos llegó a su fin. Y como mejor prueba, ¿qué tal tener a Lula da Silva, el más popular de los presidentes brasileños en más de medio siglo, en la cárcel?

En días recientes, pese a las reiteradas afirmaciones de que el ex presidente no se encontraba bajo investigación, se reforzaron los indicios de que vincular a Lula con el escándalo no era uno de los objetivos, sino el objetivo central del operativo.

El muy obvio y selectivo sistema de filtración de informaciones supuestamente bajo sigilo judicial a la prensa se concentró en el departamento, cuyo valor de mercado es calculado en unos 400 mil dólares. La sospecha, de acuerdo con la policía federal, es que Lula no compró el inmueble, sino lo recibió de propina en el escándalo de corrupción de Petrobras. Para el fiscal de São Paulo, se trata de un claro mecanismo de ocultamiento de patrimonio, una vez que el inmueble sigue, en los registros formales, como propiedad de la constructora (vale recordar que Lula desistió de ejercer la opción de compra).

Se trata de algo definitivamente insólito. Primero, la ley no faculta a un fiscal a anunciar a la prensa que pretende denunciar a alguien. Sólo con eso, los abogados de la persona mencionada pueden denunciarlo por parcialidad evidente, en perjuicio de la defensa. Segundo: en la declaración juramentada de patrimonio, la pareja Marisa-Lula da Silva declaró poseer una cuota de la cooperativa que construyó el edificio y que ésta les daba la opción de realizar el negocio o desistir, recuperando el valor actualizado al día de la renuncia a ejercer el derecho de compra.

Es importante conocer esos detalles porque la campaña contra Lula, alimentada alegremente por los medios hegemónicos brasileños, tiende a crecer, salpicando una eventual candidatura presidencial en 2018.

Abogados de presos por la operación Lavado Rápido admiten en los bastidores que sus clientes reciben a diario una misma oferta de interrogadores de la policía federal o de la fiscalía que trabajan a las órdenes del juez de provincia Sergio Moro: una denuncia, cualquiera, contra Lula da Silva facilita que se incluya al preso en el programa de delación premiada. O sea, se delata a cambio de una drástica reducción de la sentencia, que en general resulta en la puesta en libertad. Y en las sombras de las celdas, donde importantes empresarios e intermediarios de negocios excusos están confinados, la presión sicológica es ejercida sin treguas, siempre teniendo entre sus objetivos alcanzar a Lula da Silva.

Comprobar lo que se denuncia es parte del acuerdo. Pero mientras no se analizan las supuestas pruebas, se sepultan reputaciones.