a fiscalía de Sao Paulo inició ayer una investigación en contra de Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil. A decir del fiscal encargado del expediente, el ex mandatario y su esposa intentaron ocultar la real identidad del propietario de un departamento en el balneario de Guarujá, lo que se equipararía al delito de lavado de dinero.

La investigación se enmarca en la serie de pesquisas judiciales emprendidas por presuntos casos de corrupción en la estatal Petrobras (Operación Lavado Rápido), en los que se han visto involucrados numerosos funcionarios de los órdenes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en ese país. En la lógica del Ministerio Público, ese departamento, cuyo valor asciende a unos 400 mil dólares, sería la pieza que vincula a Lula –el mandatario más popular en la historia de Brasil y uno de los referentes políticos del continente, quien podría presentarse como candidato presidencial en 2018– en la referida trama delictiva.

No obstante, la información disponible hace pensar que en la embestida judicial contra Lula hay más un afán de persecución política y mediática que celo legalista. En primer término, el propio Lula da Silva ha admitido siempre que compró, desde 2004, una participación en la construcción del edificio donde se encuentra el departamento mencionado; que esa participación le daba derecho a ejercer la opción de compra del inmueble y que desistió de esa posibilidad, de conformidad con las cláusulas del contrato correspondiente.

Lo que hoy se pretende presentar como el hallazgo central de un expediente judicial es, en realidad, algo que siempre ha sido admitido por el ex mandatario. En cambio, da la impresión de que dos detonantes de la pesquisa contra Lula son, por un lado, los frentes de confrontación discursiva que mantiene abiertos con sectores del Poder Judicial y la prensa brasileña, y la crisis política que enfrenta el gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, a consecuencia de factores endógenos y exógenos.

En efecto, sin desestimar el desgaste político consustancial al ejercicio del poder durante más de 12 años, las condiciones económicas adversas y la corrupción de algunos integrantes del gobernante Partido de los Trabajadores, tales factores difícilmente explican por sí mismos el clima de inestabilidad política que enfrenta el gobierno social de Brasil: a ellos habría que sumar las acciones desestabilizadoras emprendidas por sectores de la oligarquía y estamentos nostálgicos de la dictadura militar; la hostilidad de los medios informativos –opositores, en su abrumadora mayoría– y la apenas embozada injerencia de Washington, la cual ha quedado en evidencia con las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje que Estados Unidos ha hecho a personalidades políticas, incluyendo a la propia Rousseff.

El proyecto político iniciado hace más de una década por Lula y continuado por Rousseff, cuyos éxitos son universalmente reconocidos en materia de reducción de la pobreza y de la brecha de la desigualdad, que permitió al país sudamericano mantener altos y sostenidos índices de crecimiento, experimenta en ese sentido un escenario similar al que se vive en Argentina y Venezuela y, en menor medida, en Bolivia y Ecuador: la conjunción de una injerencia externa y una asonada opositora que manipulan los mercados financieros, fabrican carestías de productos básicos, exacerban los malestares políticos y magnifican sus expresiones en los medios informativos. Paradójicamente, en el caso de Brasil esa embestida se ha servido de reformas impulsadas por el propio Lula, como la autonomía otorgada a las fiscalías y la libertad de que gozan los medios de comunicación.

Es indudable que el proyecto de gobierno aplicado en Brasil por Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff debe reinventarse, depurarse y restañar el déficit de credibilidad que acusa en la actualidad, pero también es deseable que los sectores lúcidos de la sociedad brasileña y los grupos sociales que en su momento respaldaron a Lula y a Dilma rechacen el uso faccioso de la justicia con motivos políticos. A fin de cuentas, en Brasil está en juego la posibilidad de una grave, incluso trágica, regresión a los tiempos de las democracias meramente formales de signo oligárquico y orientación autoritaria y neoliberal.