Madrid.

La hermana del rey Felipe VI, Cristina de Borbón, será procesada y juzgada por dos delitos fiscales en la Audiencia de Baleares y tendrá que presentarse a dicho tribunal, donde se instruye la causa de la trama de corrupción político-empresarial que dirigió su marido durante más de un lustro y que podría haber desfalcado al erario más de 12 millones de euros.

Este viernes la sala dio la razón a la fiscalía que representa al sindicato Manos Limpias y descartó la tesis defendida tanto por los abogados de la imputada como por la Fiscalía Anticorrupción española y la Abogacía del Estado, las cuales sostenían que no había causa penal contra la integrante de la familia real. La acusada, quien dejó de ostentar el título de infanta tras la abdicación del rey emérito Juan Carlos en favor de su hijo, podría enfrentar una condena hasta de ocho años de prisión.

La decisión obligará a acudir como imputada al juicio oral a la hermana del rey, lo que marcará un hito en la historia de este país y de Europa, donde hasta la fecha ningún miembro de la realeza ha sido procesado. Cristina de Borbón vive desde hace dos años apartada de cualquier acto oficial de la monarquía española y se le ha reclamado sin éxito que renuncie, junto con toda su familia, a sus derechos dinásticos para no dañar aún más la credibilidad de la casa real, inmersa en escándalos y pérdida de confianza de la ciudadanía.

La acusada, según la fiscalía, participó activamente en la trama de corrupción y la red clientelar creada por su marido, Iñaki Urdangarín, y por el socio de éste, Diego Torres, para conseguir diversos contratos con administraciones públicas, con el fin de desfalcar al erario. Se han investigado contratos con diversas instituciones, entre ellas los ayuntamientos de Palma de Mallorca, Valencia, Madrid, Murcia y Alicante, así como los gobiernos autonómicos de Castilla y León e islas Baleares.

La audiencia de Palma sostiene que el llamado caso Nóos es distinto al Botín, porque en el que atañe a Cristina de Borbón se persiguen hechos en los que no hay perjudicado exclusivo, la Agencia Tributaria, sino colectivo, toda la sociedad, que es la que resulta dañada en sus intereses por las conductas supuestamente delictivas que se enjuician. La resolución argumenta en este sentido que el perjudicado por los supuestos delitos no sería con carácter exclusivo un determinado organismo público que monopolice el quebranto económico resultante. Y ello porque este tipo de actuaciones delictivas comprometen la consecución de las finalidades de la política económica y social que deben ser garantizadas en un Estado social y democrático de derecho.

La casa rseal declaró en un comunicado que respeta las decisiones judiciales y reiteró su compromiso con el Estado de derecho. Mientras que el abogado de la acusada, el constitucionalista catalán Miquel Roca, criticó la resolución de la Audiencia porque considera que se aparta de la literalidad de la ley y de la doctrina consolidada y vinculante del Tribunal Supremo, motivo por el que elevará una protesta. Desde la seriedad y el respeto a todas las instituciones judiciales, Roca añadió que a su defendida se le impone la pena del banquillo.