La discusión sobre la obligación del Congreso de realizar un proceso de consulta antes de aprobar una ley sobre personas con discapacidad, y la eventual anulación de la norma por la falta de dicha consulta, dividió al pleno de ministros en la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La falta de acuerdo aplazó ayer la discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de diversos artículos de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista, con el fin de que el pleno analice la posibilidad de invalidar una norma en la que el Congreso no cumplió con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los legisladores a realizar consultas en el proceso de aprobación de leyes relacionadas con el tema.

Los ministros José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Javier Laynez Potisek se pronunciaron por invalidar la ley en su conjunto por no realizar la consulta, mientras otros ministros señalaron que sería un exceso que la Corte anulara una norma con base en este criterio.

Cossío señaló que la convención referida señala que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas en toma de decisiones sobre personas con discapacidad los estados deben celebrar consultas y colaborar activamente con las personas con incapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan.

La consulta no es una formalidad, sino que se erige como garantía primaria de defensa de sus derechos, sostuvo.

Otros ministros plantearon que era mejor aplazar el tema para su estudio, aunque adelantaron que no eran partidarios de anular la norma porque la sociedad no fue consultada, máxime si la acción de la CNDH no hacía ese planteamiento concreto, sino demanda la anulación de artículos, particularmente el que prevé que las personas con autismo presenten certificados de habilitación.