Estoy totalmente en contra de la privatización del agua, su administración debe estar a cargo exclusivamente del Estado, sostuvo ayer el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, al referirse a la creación de una nueva ley en la materia.

La nueva legislación necesita establecer las facultades y responsabilidades de los tres órdenes de gobierno y abordar, sin ningún tabú, la explotación de reservas, indicó en la inauguración del foro ¿Por qué México necesita una nueva ley general de aguas?

El cambio climático y el crecimiento urbano y productivo obligan a tener un nuevo ordenamiento, señaló. Vivimos una realidad diferente a la de hace casi 25 años, cuando se elaboró el primero y que rige actualmente en el país.

Los fenómenos naturales son cada vez más intensos y recurrentes: el año pasado tuvimos el marzo más lluvioso en la historia del país; el huracán más poderoso, Patricia, llegó a México, y las precipitaciones de 2 y 3 de septiembre pasado en la ciudad de México alcanzaron la cifra récord de 180 milímetros, con lo que se podría haber llenado 27 veces el estadio Azteca.

Se requiere de una nueva base legal para el presente y para el futuro, aseveró. El próximo debate, advirtió, será sobre el derecho humano al agua, cuáles son sus alcances y cuánto tiempo llevará poder otorgarlo efectivamente, pues en muchas comunidades es difícil llevarla.

A la inauguración del foro –que se realizó en el Club France de la ciudad de México– también asistieron Bernando Sepúlveda Amor, del Consejo Consultivo del Agua, y el diputado federal del PRI José Ignacio Pichardo Lechuga.

El legislador informó que en 480 comunidades del estado de México el principal problema es el abastacimiento del agua. Existen, dijo, 12 plantas de tratamiento y sólo una funciona. Los ríos, lagunas y ojos de agua tienen cierto grado de contaminación, aún así se usan para regar sembradíos de productos que más tarde llegan a la mesa de muchos mexicanos.

Por ello, apuntó, la ley de aguas que llegue al Congreso debe garantizar el derecho a tener el líquido de manera equitativa, apoyado con sólidas políticas públicas y con un sistema que rinda cuentas y sea transparente.