Con enorme rezago, la gran mayoría de los gobiernos de las 32 entidades han mostrado un evidente desinterés en la creación de sus respectivas comisiones de atención a víctimas, las cuales debieron entrar en operación desde mediados de 2015. Hasta ahora, sólo funcionan 10 comisiones estatales, y lo hacen sin recursos suficientes.

Los reiterados exhortos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a los gobiernos estatales para acelerar y concluir el proceso iniciado desde 2014, se han convertido en llamados a misa, pues la legislación sobre la creación de dichas comisiones no es vinculante.

Jaime Rochín, comisionado presidente de la CEAV, informó que junto con las diferentes comisiones locales de atención a víctimas ya creadas se presentará un pronunciamiento conjunto a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a fin de que se le dé celeridad a todo el proceso que implica no sólo la armonización del marco legal, sino también la designación de los comisionados y dotar de los recursos económicos suficientes a las respectivas instancias estatales.

El retraso para el funcionamiento de las comisiones estatales proviene desde la armonización de la legislación local con la federal sobre la materia, donde la Secretaría de Gobernación no ha logrado que los gobiernos y los congresos locales homologuen sus leyes para la creación de dichas comisiones. Hay estados que ni siquiera han hecho este procedimiento.

Incluso Querétaro aprobó una ley en la materia que resulta confusa en su nombre. La legislatura local dio paso a la Ley de Protección a Víctimas, Ofendidos y personas que intervienen en el procedimiento penal del estado, iniciativa que –de acuerdo con la CEAV– es contraria a la normatividad general de 2013.

Así, de las 32 entidades, sólo operan las comisiones del estado de México, Jalisco, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, pero ninguna de ellas cuenta con el presupuesto local suficiente para garantizar el debido cumplimiento de la Ley General de Victimas. Del resto, todas presentan algún grado de retraso, incluso en la armonización de la ley federal y sus respectivas legislaciones.