En los primeros tres años de la administración del priísta Enrique Peña Nieto las solicitudes de detención provisional con fines de extradición tramitadas por Estados Unidos en México se redujeron considerablemente respecto de las que se presentaron en los últimos años del sexenio del panista Felipe Calderón, principalmente por motivos de desconfianza.

Según registros y bitácoras de la Procuraduría General de la República (PGR) a los que tuvo acceso La Jornada, esa dependencia congeló extradiciones de algunos narcotraficantes solicitados por Estados Unidos, básicamente porque los fiscales mexicanos consideran que agencias estadunidenses, como la DEA (antidrogas), negocian con criminales mexicanos para obtener información sobre la ubicación de otros capos, las aportaciones económicas de políticos y empresarios a los carteles y para conocer las rutas por donde circula el tráfico de estupefacientes. Lo anterior, a cambio de la reducción de años de prisión.

Los fiscales mexicanos llegaron a la anterior decisión después de varias reuniones con sus homólogos estadunidenses, efectuadas en septiembre de 2013, junio de 2014 y junio de 2015, en Washington.

Los documentos y funcionarios consultados indican que cuando los estadunidenses cuestionaron en esas reuniones el bajo índice de extradiciones desde México, sus contrapartes respondieron que las agencias hacen pactos en lo oscurito con narcotraficantes para ofrecerles beneficios, sin informar a la PGR.

Datos estadísticos de la procuraduría refieren que entre 2010 y 2012 la embajada de Estados Unidos presentó 390 solicitudes de detención provisional, es decir, un promedio de 130 anuales. En contraste, en 2013 la cifra bajó a 87; en 2014 descendió a sólo 17, apenas 13 por ciento de las presentadas los últimos años del sexenio anterior, mientras que el año pasado (2015) únicamente se presentaron 16.

Funcionarios de la PGR del área de extradiciones dijeron a este diario que Washington ha dejado de presentar solicitudes de extradición debido a que su contraparte mexicana ha congelado (en los tres primeros años del gobierno peñista) la mayoría de las peticiones que estaban pendientes desde el ultimo año del sexenio de Felipe Calderón.

Añadieron que lo que molestó al gobierno de Peña Nieto fue que en la mayoría de los casos de capos mexicanos de alto perfil que fueron extraditados a Estados Unidos, se ha llegado a acuerdos con ellos para reducirles sus condenas a cambio de información confidencial y/o de la confiscación del dinero, que pasó a formar parte del erario estadunidense.

Uno de los casos más representativos es el de Osiel Cárdenas Guillén (del cártel del Golfo), por quien originalmente los fiscales estadunidenses habían acordado con México pedir cadena perpetua, pero que al final, después de un proceso de negociación secreta entre el narcotraficante y las agencias del vecino país, fue condenado a 25 años de cárcel.

Otro caso es el de Héctor El Güero Palma, quien después de que se declaró culpable de varios delitos vinculados al tráfico de drogas y de que proporcionó información a la DEA, logró que le fincaran una sentencia de apenas 18 años de prisión.

Vicente Zambada Niebla fue otro de los capos mexicanos que negoció con las autoridades estadunidenses. Los hermanos Eduardo y Benjamín Arellano Félix también están en la lista de capos beneficiados por su colaboración con los fiscales y autoridades de la DEA.

Miguel Ángel Caro Quintero y el ex gobernador Mario Villanueva Madrid también aceptaron cargos, compartieron información a la DEA y aceptaron la confiscación de varios millones de pesos, por lo que obtuvieron sentencias menores a las que pudieron haber recibido si no hubieran cooperado.

También México ha disminuido el número de sus solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas ante Estados Unidos.

Con Calderón, en 2010 se pidió al Departamento de Justicia detener en suelo estadunidense a 26 presuntos delincuentes, 51 al año siguiente y 37 en 2012, un total de 114 en la segunda mitad de su sexenio.

Con Peña Nieto, en 2013 se gestionaron 38 solicitudes; en 2014, 29, y en 2015, 22, para un total de 89.

La solicitud de extradición más reciente que presentó el gobierno de Estados Unidos es la de Joaquín El Chapo Guzmán, la cual podría tardar al menos un año antes de llegar a su fin.

Según los funcionarios consultados, los integrantes del gabinete de seguridad de la administración del presidente Peña Nieto aún no están seguros si será conveniente autorizar la extradición de Guzmán Loera, debido a que existe una alta probabilidad de que llegue a acuerdos con las autoridades del gobierno de Estados Unidos.