La Secretaría de Gobernación negocia con las fuerzas políticas una reforma al sistema penitenciario. Entre los pretendidos cambios se encuentra el reforzamiento de los mecanismos de seguridad y el rediseño de celdas.

Para ello se necesitará una inversión para la compra de modernos aparatos de detección (escáner, rayos equis y arcos detectores), así como la instalación de cables antiaéreos para impedir el aterrizaje de helicópteros en los penales, señalaron integrantes del gabinete de seguridad.

La iniciativa se presentará en el Senado el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el mes entrante, y a la par el Ejecutivo tratará de destrabar las propuestas para constituir el mando policial único estatal.

Los funcionarios federales buscan una negociación efectiva con los distintos grupos parlamentarios y sectores de la sociedad para hacer compatible la restructuración, con pleno respeto a los derechos humanos.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo en la semana que concluye que los cambios, en principio en los penales federales, pasan por el reforzamiento de medidas tecnológicas, de vigilancia en las instalaciones y celdas.

Igualmente, por el acortamiento del tiempo en que cada custodio o policía federal está al frente de los monitores de seguimiento, así como de las acciones de reacción y alertamiento, además de un mayor rigor en la capacitación y evaluación de los elementos de seguridad.

Tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de un penal federal de alta seguridad, en julio pasado, se anunció una inversión extraordinaria para realizar adecuaciones a instalaciones federales.

Para 2016, Gobernación dispone de un presupuesto de 18 mil 841 millones de pesos para el órgano administrativo de prevención y readaptación social, esto es, una cuarta parte del total de recursos de la dependencia.

Hoy, tras la recaptura del líder del cártel de Sinaloa, todo está corregido y con la garantía de que no habrá de fugarse una vez más, indicó Osorio Chong.

Fuentes de esa dependencia indicaron que el énfasis, dentro de la reforma al sistema penitenciario, es el edurecimiento de los procesos, y en particular de los sistemas de vigilancia, sin afectar los derechos humanos.

Los pretendidos cambios requerirían ajustes a la Constitución, aunque la Carta Magna, en su artículo 18, ya es permisiva en cuanto a los procesos estrictos de vigilancia.

El último párrafo de ese artículo indica que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales.

Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos centros. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.