o ocurrido el miércoles en Chilpancingo fue la más clara muestra del desprecio del gobierno hacia los indígenas.

Habitantes de La Montaña damnificados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en septiembre de 2013 estuvieron puntuales en la reunión a la cual las autoridades los convocaron para atender sus demandas, sobre todo reconstrucción de viviendas y dotación de granos, pero en vez de que acudieran los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como les habían prometido, se presentaron funcionarios de segundo y tercer niveles, sin facultades para firmar acuerdos.

Para empezar, aunque los damnificados anunciaron con bastante anticipación su desplazamiento hacia la capital del estado, y pernoctaron en Tlapa, Chilapa y Tixtla, la Federación no tuvo la sensibilidad de negociar con ellos.

Una vez en Chilpancingo, sentaron a la mesa a personas sin autoridad para tomar decisiones, quienes se limitaron a decir que no había recursos para atender sus reclamos, cuando, hasta donde se sabe, la edificación de más de 4 mil viviendas estaba incluida en el programa de reconstrucción de Guerrero, al que se dotó de recursos y se aplicó en Atoyac (en la fundación de La Nueva Pintada), Chilpancingo y Altamirano, y se iniciaron obras en algunos municipios de La Montaña, pero poco después fueron abandonados.

Los indígenas no piden dádivas; exigen los beneficios que les prometieron. Se los escamotearon, con la complacencia de los gobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, quienes nada hicieron para demandar al gobierno federal que cumpliera su palabra.

Los damnificados presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República por fraude, cometido con la complicidad de la pasada administración estatal y el gobierno federal.

Sin embargo, como los afectados son indígenas, el gobierno de la República se hace el desentendido y la pelota está ahora en la cancha del gobernador Héctor Astudillo Flores.