uatro policías comunitarios fueron asesinados ayer por un grupo armado en el barrio del Fortín, ubicado en la cabecera municipal de Tixtla, Guerrero. Las víctimas pertenecían a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia La Patria es Primero. A decir de los integrantes de esta organización, el ataque se realizó cuando los policías comunitarios asistían a atender una llamada de la ciudadanía que los condujo hasta el referido barrio, donde fueron acribillados.

El hecho comentado se produce a tres días de los comicios extraordinarios para elegir alcalde en ese municipio guerrerense, luego de que el proceso electoral del pasado 7 de junio fue anulado por las protestas de normalistas y padres de familia que exigen justicia por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Significativamente, la masacre en Tixtla –municipio en el que se encuentra la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa– también coincidió en tiempo con la conmemoración de los 14 meses transcurridos desde la agresión contra estudiantes normalistas ocurrida en Iguala, que no ha sido esclarecida de forma convincente y satisfactoria ni se ha visto compensada por acto de justicia alguno para las víctimas y sus familias.

Un tercer elemento de contexto es el clima de violencia que se vive en el municipio guerrerense, atribuido originalmente a la confrontación de las bandas delictivas Los Rojos y Los Ardillos, pero que en meses recientes ha adquirido un claro componente político: de acuerdo con denuncias de la Asamblea Popular de Tixtla –organización que boicoteó los comicios del 7 de junio–, esas mafias mantienen alianzas con partidos políticos tradicionales en la región, fundamentalmente el PRI y el PRD, los cuales, a su vez, se han valido de las bandas referidas para hostilizar y agredir a opositores políticos. Como botones de muestra de ese entreveramiento entre delincuencia y partidos políticos, la Asamblea Popular de Tixtla ha denunciado la presencia de individuos armados, presuntamente afines al tricolor y el sol azteca en los actos de campaña por la presidencia municipal, y ha informado que durante los seis meses del gobierno interino encabezado por el priísta Raúl Vega Astudillo –primo del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo– han tenido lugar ocho asesinatos y 18 desapariciones.

El correlato ineludible de esta violencia es la decisión de la Asamblea Popular de Tixtla de no boicotear las elecciones del próximo domingo y participar en ellas en alianza con el Movimiento Regeneración Nacional. Tal hecho ha sentado un precedente inusual en la historia política del país, en la medida que implica la articulación de un movimiento popular con un partido político nacional, que permite al primero encauzar sus demandas sociales por vías institucionales y participar en la arena electoral.

En lo inmediato, los homicidios perpetrados la víspera merman el entusiasmo que había despertado esa participación en la comunidad de Tixtla y desestabilizan el proceso electoral venidero; alimentan el clima de crispación política que se vive en ese municipio y desmienten la pretendida normalidad política, social y legal que, de acuerdo con el nuevo gobierno de Guerrero, priva en la entidad.

Voluntaria o involuntariamente, los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en Tixtla han atentado no sólo contra la vida de cuatro personas, sino también contra las aspiraciones de restablecer la normalidad democrática en territorio guerrerense y, en particular, en ese municipio, y contra la maltrecha credibilidad de la institucionalidad política y electoral del país.