us amigos y panegiristas suelen presentar a José Cerrillo Chowell como un apasionado defensor de la zona desértica de San Luis Potosí; lo mismo hacen autoridades de todos niveles, interesadas en mantener el favor de este empresario. ¿Por qué entonces Cerrillo desea construir un confinamiento para introducir a ese magnífico desierto, habitado por especies endémicas en peligro de extinción, un millón de metros cúbicos de residuos peligrosos y tóxicos durante los próximos 30 años? ¿Qué es lo que lo mueve a exponer a los pobladores de varios municipios de San Luis Potosí y Zacatecas al movimiento intensivo de 183 mil toneladas anuales de esos residuos? ¿Cómo pretende justificar la transformación del municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, en sede de una gigantesca celda de ocho hectáreas que guardaría, por siglos, cantidades descomunales de letales sustancias? Tal vez Cerrillo respondería que se trata de terrenos ubicados en su rancho privado en Palula, y que el negocio cuenta ya con todos los permisos necesarios. Sin embargo, algo está podrido en Dinamarca, o mejor dicho, en San Luis.

Algunas claves de la actitud de Cerrillo hacia los pobladores de Santo Domingo y municipios aledaños están en su trayectoria como empresario minero en Villa de la Paz, Matehuala. Esta región ha sido envenenada por la Negociación Minera Santa María de la Paz, propiedad de Cerrillo y columna vertebral de su fortuna. La explotación que por décadas realizó de hierro, plomo y zinc, y actualmente de cobre con oro en las minas del Cerro del Fraile y Cobriza, ha provocado uno de los entornos con mayor dispersión de plomo y arsénico, entre otras sustancias que afectan a los pobladores a varios kilómetros a la redonda del complejo minero. En vez de invertir parte de su fortuna en mitigación y remediación ambiental en favor de la gente, Cerrillo se construye una imagen de filántropo patrocinando escuelas deportivas, festivales culturales e incluso a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), acciones que le permiten profundizar sus relaciones clientelares. Su último fichaje ha sido David Atisha, ilustre miembro de la UASLP y ex director de su Facultad de Ingeniería, quien el pasado 10 de noviembre se presentó con la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula (CITSU) declarando estar listos para la construcción del confinamiento, sin importarles el decidido rechazo que han manifestado los pobladores de al menos siete municipios que se verán afectados, y que inconstitucionalmente nunca fueron consultados sobre el asunto.

Atisha no parece ser el único fichaje que Cerrillo ha realizado para intentar imponer el confinamiento tóxico a los pobladores del desierto. El pasado 27 de octubre la nueva titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del gobierno priísta de Juan Manuel Carreras en San Luis Potosí, Yvette Salazar (Partido Verde), se deslindó del problema del confinamiento en Palula, argumentando que es competencia federal por tratarse de residuos peligrosos. Salazar ocultó que a su esposo y antecesor en el cargo, el ahora diputado local Manuel Barrera Guillén (Partido Verde), le fue solicitada por Semarnat su opinión, respondiendo el 12 de febrero de 2015 que se observa al parecer (sic) que el proyecto cumple con las normas federales correspondientes, soslayando las violaciones a la ley por parte de CITSU al haber traficado un supuesto cambio de uso de suelo del anterior presidente municipal de Santo Domingo sin una manifestación de impacto ambiental. Lo dicho: algo está podrido en San Luis.

Otro indicador para conocer a Cerrillo Chowell es su autopromoción como defensor de especies animales amenazadas: en 2013 impulsó y patrocinó la creación, en Palula, de una Unidad de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre, con el objetivo de reintroducir en 9 mil hectáreas del Altiplano potosino berrendos y venados cola blanca; sin embargo, el objetivo final de Cerrillo es consolidar una empresa competitiva, ética y muy lucrativa, destinada a gestionar un coto de cacería deportiva al servicio de los más elitistas clubes cinegéticos del país. Queda claro que para Cerrillo lo importante no es la preservación de la vida sino los negocios. Así lo demostró entre 2003 y 2007, cuando presidió la Cámara Minera de México; desde ahí impulsó a la megaminería trasnacional de tajo a cielo abierto para metales preciosos, misma que ha arrasado regiones enteras. En 2005 y 2006, por ejemplo, Cerrillo escribió sobre la necesidad de defender el estado de derecho, mientras manifestaba su apoyo a la instalación de Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, sin importarle la anulación judicial de dicho proyecto.

Algo similar sucede con su presunta defensa de las comunidades: No se puede ignorar a la comunidad [...] Respeto a la comunidad local, a sus tradiciones, a su cultura, valores e inteligencia, decía Cerrillo a los mineros en 2005, traicionando sus palabras una y otra vez, pues sólo ha mostrado desprecio por los habitantes de Santo Domingo, a quienes pretende imponer una vida y un futuro al lado de un coctel se sustancias tóxicas. Con todo lo anterior, Cerrillo Chowell es ahora candidato natural para recibir en 2016 la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. Sugiero entonces que como ciudadanos exijamos que dicha presea cambie de nombre para que tome el verdadero sentido de lo que ahora representa: el homenaje de nuestro desprestigiado y en gran parte podrido Senado de la República a la actividad empresarial depredadora y políticamente corruptora. Sólo se me ocurre una posibilidad: Medalla Victoriano Huerta. Con ello, la reputación del militar golpista y la del actual Senado quedarían a buen recaudo.