Puebla, Pue.

La policía estatal intentó recuperar la presidencia municipal de Tlalnepantla –ocupada desde el 20 de octubre por pobladores inconformes con el alcalde–, lo que derivó un enfrentamiento que dejó 15 granaderos y otros tantos pobladores lesionados, además de dos vehículos quemados, informó la Secretaría General de Gobierno (SGG).

Hace un mes y una semana pobladores encabezados por siete de los 10 regidores del cabildo se apoderaron de la alcaldía y sellaron las entradas y las ventanas. Acusan al edil José Efraín García García de prepotencia y malversación de fondos públicos.

Aseguran que se ha enriquecido a costa del erario y que el aumento de su fortuna puede constatarse con el número de autos lujosos que ha comprado, lo que no corresponde con el sueldo que devenga.

La mañana de ayer un contingente de granaderos trató de recuperar el inmueble, pero los vecinos los rociaron con gasolina y amagaron con prenderles fuego.

Durante la trifulca, los agentes detuvieron a tres personas, pero cuando intentaban llevárselas, los habitantes se los impidieron y retuvieron a un par de agentes, a quienes intercambiaron por los manifestantes. Los policías se retiraron.

Luego de la confrontación, un grupo de vecinos fue a la casa del alcalde, donde causaron destrozos e incendiaron dos vehículos propiedad del edil, una camioneta GMC Acadia y un Volkwagen Jetta, con valor conjunto de aproximadamente 800 mil pesos.

Por la tarde, los manifestantes cerraron con piedras y llantas incendiadas los principales accesos a la cabecera municipal, ubicada en la región centro de Puebla, a unos 30 kilómetros de la capital.

Se iba a realizar una auditoría al ayuntamiento

En un comunicado, la SGG afirmó que desde que se inició el conflicto mantuvo contacto con ambas partes para encontrar una solución y, con el propósito de corroborar lo dicho por elos regidores, solicitó a la Auditoría Superior del Estado una revisión integral de la administración municipal.

Con ese propósito acudieron a la alcaldía dos auditores, acompañados de un notario, un representante de derechos humanos y un representante del Consejo Ciudadano de Seguridad, acompañados por miembros de Seguridad Pública estatal.

Esta última dependencia acusó a la familia Morón de azuzar a la turba para que agrediera a los policías.

La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que inició las investigaciones para fincar responsabilidades a quienes provocaron las agresiones y los daños materiales.