La Procuraduría General de la República (PGR) presentó este martes un recurso de apelación para impugnar el auto de libertad en favor de cuatro de los siete militares implicados en el caso Tlatlaya, que implicó la muerte de 22 presuntos secuestradores el 30 junio de 2014 en una bodega ubicada en el estado de México.

Fuentes del Poder Judicial confirmaron que el agente del Ministerio Público Federal –adscrito al juzgado 14 de distrito de procesos penales– presentó el recurso, el cual será turnado en los próximos días a un tribunal unitario de circuito.

De su lado, funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informaron a La Jornada que a pesar de que cuatro de los militares involucrados en el caso Tlatlaya queden en libertad, o incluso si los ocho militares quedaran absueltos de cualquier responsabilidad penal en esos hechos, los familiares de los 22 presuntos secuestradores ‘‘no perderán de ninguna manera su calidad de víctimas’’.

Las fuentes consultadas explicaron que en sesiones anteriores la CEAV resolvió por unanimidad de votos que los familiares de los 22 muertos a manos de soldados fueron ‘‘engañados’’, ya que inicialmente el Ejército les informó que sus deudos fallecieron durante un enfrentamiento, pero con posterioridad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en una investigación paralela a la que realizaron autoridades ministeriales, demostró que esa versión es falsa y que los hechos en realidad fueron homicidios dolosos, lo que implicó una acción irregular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

‘‘No sólo fueron víctimas por los militares involucrados; principalmente lo fueron por la propia institución (Sedena), que les mintió sobre la verdad de lo que realmente ocurrió el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya’’, dijo un funcionario de la CEAV consultado.

El pasado viernes, el juez federal Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del juzgado décimo cuarto de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, dictó la libertad a los oficiales del Ejército Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez.

A los militares del 102 batallón de infantería les dictaron la libertad por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el único ilícito que les imputó la procuraduría y que además no es grave. Es decir, desde antes de esta resolución tenían derecho a la libertad provisional, pero no la habían solicitado.