Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró que la resolución del juez que libera a cuatro de siete militares procesados por la muerte de 22 presuntos secuestradores en Tlatlaya, estado de México, no es definitiva, porque la Procuraduría General de la República (PGR) aún puede apelar.

Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro advirtió que esta decisión no exculpa al Ejército de su responsabilidad en los hechos, donde 22 personas fueron asesinadas. En tanto, PAN y Morena en la Cámara de Diputados criticaron ayer que la PGR no haya podido aportar pruebas suficientes para proceder en contra de los cuatro militares.

En entrevista por separado, González Pérez confió en que la dependencia apele de ese fallo, y recordó que la CNDH acreditó violaciones en el caso y emitió la recomendación correspondiente, misma que fue aceptada por PGR, Secretaría de la Defensa Nacional y Procuraduría General de Justicia del estado de México.

Sin embargo, el ombudsman consideró que lo anterior no necesariamente se tiene que empatar con la determinación judicial. ‘‘Nosotros no indagamos delitos; investigamos violaciones a derechos humanos… Confiamos en que la PGR pueda aportar las pruebas que permitan determinar la responsabilidad penal’’.

Por su parte, el Centro Pro, que acompaña en el caso a Julia, testigo de lo ocurrido el 30 de junio de 2014 –a quien, destacó el organismo, no se le ha reconocido su calidad de víctima en el fuero civil y militar–, señaló que tres elementos militares siguen presos bajo la acusación de homicidio.

Los señalamientos sobre autoría material de las ejecuciones por parte de esos tres activos de las fuerzas armadas son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento, apuntó el Centro Pro. Agregó que los otros cuatro militares también tienen ‘‘responsabilidad por encubrimiento y alteración del lugar de los hechos’’.

Recordó además los resultados de la investigación de la CNDH: entre 12 y 15 personas fueron privadas de la vida en una situación distinta a la de un enfrentamiento. Además, resolvió que hubo violación a otras garantías como la verdad, el acceso a la justicia y a la integridad personal en el caso de las tres sobrevivientes.

Por separado, el diputado Emiliano Álvarez, de Morena, estimó inconcebible que la PGR no armara bien el expediente, cuando existen abundantes elementos respecto de que los integrantes de las fuerzas armadas ‘‘fusilaron’’ a civiles. Integrante de la Comisión de Justicia, el legislador calificó de inaceptable el grado de impunidad que se da con la exculpación de los cuatro soldados.

Por lo demás, dijo que es increíble que en el país nunca haya culpables. ‘‘Siempre terminan encontrando un recoveco legal para argumentar fallas en el proceso. México es un país sin responsables de las masacres’’, lamentó. Resaltó que, tratándose del Ejército, los militares reciben órdenes y es imposible que en este caso no se determine la cadena de mando para ejecutar a personas.

Por su parte, Marko Cortés, coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional, dijo que al parecer los problemas de la seguridad y la procuración de justicia en el país son sistémicos.

Finalmente, Jesús Zambrano Grijalva (PRD), presidente de la Cámara de Diputados, señaló que esta decisión obliga a definir reglas claras sobre la actuación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, pues en la actualidad no hay un marco claro al respecto.