El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, reconoció que la línea de investigación que apunta a que el posible móvil del ataque a los normalistas de Ayotzinapa se debe a que tomaron –sin saberlo– un autobús que presuntamente estaba cargado de droga sólo se podía plantear desde la independencia de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En entrevista concedida luego de recibir la propuesta de familiares de desaparecidos para la elaboración de la ley en la materia, indicó que la información del quinto camión se encuentra en el expediente elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), y no había trascendido debido al grado de presión (social) que tuvo en ese momento la investigación.

“Toda esta información está en los expedientes. Todos somos conscientes del nivel de presión (social) que tuvo en ese momento la investigación y la dificultad de comunicación. Hay cosas que estamos obligados a reconocer: puede expresar un grupo con este reconocimiento de independencia y que son escuchadas y atendidas por la sociedad de una manera determinada.

El planteamiento que tiene que ver con estupefacientes es una línea de investigación muy delicada por lo que significa y por lo que puede representar. Por eso me parece que sólo a partir de una posición tan independiente como la de los expertos (del GIEI) puede plantearse con esa claridad, aclaró ante los cuestionamientos de si se presentó una omisión al respecto.

El funcionario indicó que el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa tiene coincidencias y divergencias con las investigaciones de la PGR.

Coinciden en la relatoría de lo que sucedió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, así como en puntualizar que los perpetradores fueron policías de ese municipio y de Cocula. Mientras, las principales diferencias –reconoció– son que el informe de los expertos plantea que no hay evidencias para asegurar que los 43 normalistas desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula, y que el posible móvil del ataque fue la probabilidad de que uno de los camiones tomados tenía relación con un transporte de estupefacientes de Guerrero a Chicago.

En ambas divergencias, dijo, se acatarán las recomendaciones del GIEI y se realizará un nuevo peritaje del más alto nivel en el tiradero, y se profundizará en la línea de investigación sobre narcóticos.

Por otro lado, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU respaldaron el informe sobre el caso Ayotzinapa del GIEI y alentaron al gobierno mexicano a implementar todas sus recomendaciones.